Tegucigalpa.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) envió al Ministerio Público (MP) un nuevo informe en el que señala seis indicios de responsabilidad penal en compras y contrataciones realizadas por Inversión Estratégica de Honduras ( Invest-H) en la emergencia sanitaria por la pandemia.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) envió al Ministerio Público (MP) un nuevo informe en el que señala seis indicios de responsabilidad penal en compras y contrataciones realizadas por Inversión Estratégica de Honduras ( Invest-H) en la emergencia sanitaria por la pandemia.
VEA PDF: Informe completo del TSC remitido al MP
El informe 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B señala seis casos ya denunciados y conocidos por los hondureños y las autoridades:
1. Irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.
2. Inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos.
3. Inconsistencias en el proceso de compra de 250,000 pruebas para covid-19 las que además se dañaron por mal manejo.
4. Contratación de empresa de familiar del Director Ejecutivo de Invest-H.
5. Inconsistencias encontradas en la compra de mascarillas.
6. Consejo Directivo de Invest-H no intervino oportunamente en compras realizadas.
En un comunicado el TSC informó que tras analizar las pruebas se encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al Ministerio Público, para tipificar los delitos que correspondan.
En ese sentido, el Tribunal Superior de Cuentas pide al fiscal general, Óscar Chinchilla, proceder a realizar las acciones correspondientes debido a que existen indicios de responsabilidad penal relacionados a la adquisición de siete hospitales móviles, siete plantas de tratamiento de desechos médicos, compra de insumos de bioseguridad personal y equipo biomédico, así como la supervisión de planteles donde se instalarían dichos hospitales, entre otros.
El informe del TSC concluye que 'la Dirección Ejecutiva de Invest-Honduras, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad y este Consejo sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio en base a ser su máxima autoridad, realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional desembolsos por valor de 60,757,587.50 dólares, más 21,535,986.76 lempiras, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el Covid-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada'.
Las diligencias realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas incluyen inspecciones y revisión documental obtenida en Invest-H, Salud y por asistencia internacional.
