Tegucigalpa, Honduras
El apoderado legal del Grupo GyT, Allan Flores, aseguró hoy que la operación realizada entre esa empresa y el Estado “es totalmente legítima”.
En conferencia de prensa, Flores dijo hoy que “yo vengo en representación del Grupo GyT, soy el apoderado legal de la empresa y agradezco mucho la oportunidad que nos están dando ustedes y sus medios que representan para dar y declarar a la opinión pública la verdad del Grupo GyT y específicamente sobre el onceavo informe que ha presentado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)'.
Durante el acto, el abogado desmintió todas las aseveraciones vertidas por el CNA.
“Primero, vamos a dar un pequeño contexto de lo que es el Grupo GyT. La empresa fue fundada, constituida en el 2012, esta empresa ha desarrollado sus operaciones comerciales y tiene experiencia especialmente en lo relacionado con la prestación de servicios de seguridad, protección humana y tecnología”.
Agregó que “esta empresa tiene especialmente en su escrito de constitución, uno de los puntos que ha sido señalado, que es proveedora o puede vender insumos criminalísticos forenses, dentro de esta categoría cabe lo que son los guantes, las mascarillas y trajes de protección, entre otros”.
“Puntualmente, hablando de mascarillas, esa categoría cabe dentro de lo que es un insumo criminalístico forense y eso lo pueden constatar en la escritura de constitución que data desde el año 2012”, afirmó.
Sostuvo que “los clientes del Grupo GyT son principalmente empresas del sector privado nacional e internacional; GyT es proveedora de muchas compañías norteamericanas que han llegado a contratar con mi representada por recomendación de la Embajada Americana con sede en Honduras”.
“Eso es prueba y evidencia de la capacidad y experiencia que tiene mi representada ya que ha prestado servicios con altos estándares de calidad, tanto así y les voy a decir que pequeño es el mundo que mi representada, el Grupo GyT, fue contratada por terceras partes para beneficio de un alto funcionario del CNA, quien casualmente en la actualidad está mencionando con bases sin fundamento y supuestos una operación realizada por la empresa con el Estado que es igualmente legítima, como el contrato en el que él salió beneficiado”, dijo.
“Lo anterior denota la experiencia y la capacidad que tiene nuestra representada, que ha sido y prestado servicios a muchas empresas y personas naturales en el país”, recalcó.
Cuando se le preguntó ¿si era cierto que un fideicomiso de una institución bancaria del país adquirió productos a un precio inferior?, Flores dijo que “eso es totalmente falso y voy a explicarlo”.
“El gobierno estableció mediante un acuerdo ministerial, los techos de los precios, en este caso de las mascarillas, o sea los precios máximos que se podían pagar, ese decreto fue emitido el 9 de abril del presente año y la cotización que Grupo GyT mandó a la Secretaría de Salud fue el 6 de abril y se puede verificar que los precios establecidos en la cotización son inferiores a los establecidos en el acuerdo ministerial, muy inferiores”, finalizó el profesional del Derecho.
El apoderado legal del Grupo GyT, Allan Flores, aseguró hoy que la operación realizada entre esa empresa y el Estado “es totalmente legítima”.
En conferencia de prensa, Flores dijo hoy que “yo vengo en representación del Grupo GyT, soy el apoderado legal de la empresa y agradezco mucho la oportunidad que nos están dando ustedes y sus medios que representan para dar y declarar a la opinión pública la verdad del Grupo GyT y específicamente sobre el onceavo informe que ha presentado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)'.
Durante el acto, el abogado desmintió todas las aseveraciones vertidas por el CNA.
“Primero, vamos a dar un pequeño contexto de lo que es el Grupo GyT. La empresa fue fundada, constituida en el 2012, esta empresa ha desarrollado sus operaciones comerciales y tiene experiencia especialmente en lo relacionado con la prestación de servicios de seguridad, protección humana y tecnología”.
Insumo criminalístico forense
Agregó que “esta empresa tiene especialmente en su escrito de constitución, uno de los puntos que ha sido señalado, que es proveedora o puede vender insumos criminalísticos forenses, dentro de esta categoría cabe lo que son los guantes, las mascarillas y trajes de protección, entre otros”.
“Puntualmente, hablando de mascarillas, esa categoría cabe dentro de lo que es un insumo criminalístico forense y eso lo pueden constatar en la escritura de constitución que data desde el año 2012”, afirmó.
Sostuvo que “los clientes del Grupo GyT son principalmente empresas del sector privado nacional e internacional; GyT es proveedora de muchas compañías norteamericanas que han llegado a contratar con mi representada por recomendación de la Embajada Americana con sede en Honduras”.
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“Eso es prueba y evidencia de la capacidad y experiencia que tiene mi representada ya que ha prestado servicios con altos estándares de calidad, tanto así y les voy a decir que pequeño es el mundo que mi representada, el Grupo GyT, fue contratada por terceras partes para beneficio de un alto funcionario del CNA, quien casualmente en la actualidad está mencionando con bases sin fundamento y supuestos una operación realizada por la empresa con el Estado que es igualmente legítima, como el contrato en el que él salió beneficiado”, dijo.
“Lo anterior denota la experiencia y la capacidad que tiene nuestra representada, que ha sido y prestado servicios a muchas empresas y personas naturales en el país”, recalcó.
Cuando se le preguntó ¿si era cierto que un fideicomiso de una institución bancaria del país adquirió productos a un precio inferior?, Flores dijo que “eso es totalmente falso y voy a explicarlo”.
“El gobierno estableció mediante un acuerdo ministerial, los techos de los precios, en este caso de las mascarillas, o sea los precios máximos que se podían pagar, ese decreto fue emitido el 9 de abril del presente año y la cotización que Grupo GyT mandó a la Secretaría de Salud fue el 6 de abril y se puede verificar que los precios establecidos en la cotización son inferiores a los establecidos en el acuerdo ministerial, muy inferiores”, finalizó el profesional del Derecho.
