Tegucigalpa, Honduras.
En tanto, uno de sus abogado de nombre
Marco Tulio Castro, dijo que su cliente no se siente nervioso porque es un 'trámite sencillo, una simple declaración'. Informó que Marco Bográn ya no tiene COVID-19 y que hace tres días se hizo una prueba, pero el médico indicó que
tiene gastroenteritis (una inflamación de la membrana interna del intestino causada por el virus).
Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) llegó este martes a las 8:20 am para declarar ante el Ministerio Público (MP) por la compra de siete hospitales móviles en Turquía para atender la emergencia de COVID-19.
El exfuncionario es sospechoso de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y le agregaron violación de los deberes de los funcionarios en torno a los fondos ejecutados para atender la emergencia en nuestro país.
Las diligencias ya realizadas hoy se suman inspecciones en los lugares donde se contempla la instalación de los hospitales móviles, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, sitios donde llegaron las autoridades.
Marco Bográn, a eso de las 8:20 am, bajó de su vehículo en las afueras de las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y no quiso referirse al tema ante los medios de comunicación.
 El exejecutivo de Invest-H es señalado por las autoridades por tres delitos.
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'Solo hemos venido a rendir declaración, ni siquiera sabemos cuáles son puntualmente los delitos que se le imputan, tampoco tenemos pruebas porque no sabemos a fondo la acusación', agregó el profesional del Derecho.
Entre las deficiencias identificadas en este caso están: la falta de planificación de las compras, millonarios pagos anticipados sin garantías e inexistencia de penalidades por entregas tardías.
Asimismo, este martes se realizó una inspección y posible extracción de documentos en la Agencia Europea S.A. en San Pedro Sula, empresa naviera donde desembarcará el buque que trae los hospitales móviles.
El pasado 1 de julio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) intervino y secuestró documentos en Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y en la Secretaría de Finanzas, de igual manera entregó una citatoria a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.
Los gentes se presentaron a las oficinas de estas dependencias para confiscar documentos relacionados con las compras de equipos médicos, respiradores mecánicos y los hospitales móviles adquiridos a Elmed Medical System y HospitalesMoviles.com.
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La Atic y la Fiscalía trabajan tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultores con jugosos salarios y otros servicios. También, en la Secretaría de Salud Pública se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad.
Escándalo en plena crisis
El costo de los hospitales móviles fue de casi 48 millones de dólares, aunque los equipos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) cotizaron los mismos hospitales directamente con la empresa manufacturera (TNR Prefabrik) a la que Invest-H los compró, a un precio de $2 millones menos cada uno y hospitales muy parecidos con otra empresa (Turmaks) por $3 millones menos.Además, en el contrato no hay penalidades por entrega tardía, pero los primeros hospitales debieron ser recibidos hace más de 35 días. Tampoco se encontraron garantías de calidad y la adjudicación se realizó a una empresa sin documentos mínimos de identificación legal en el expediente digital de Invest-H.
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El Foro Nacional de Convergencia (Fonac), hizo público una serie de recomendaciones al Gobierno para constituir factores claves para la legal, transparente y adecuada adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obras públicas durante la emergencia.
Según el Fonac, la institucionalidad del Estado debe, entre otras cosas, aprobar un protocolo oficial para realizar transacciones de compra en el marco del estado de emergencia y conformar un comité técnico multidisciplinario que lo implemente.
El Fonac propone que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la acción de veeduría y auditoría social sea en todas las fases del proceso de adquisición de bienes y servicios, además e la contratación de obras públicas que realice el Estado.
