TEGUCIGALPA.
El secretario de la Presidencia manifestó que desde el Ejecutivo tenían las esperanza de que ayer el
Congreso Nacional prorrogara o dejara en suspenso la vigencia de los artículos polémicos.
Sin embargo, Tomás Zambrano, secretario del
Congreso Nacional, señaló que la reunión de la oposición es ilegal y los legisladores pueden incurrir en delitos que no prescriben. “No tienen argumento jurídico para realizar una reunión extraordinaria (…), puede que se trate de una reunión entre diputados, pero no una sesión extraordinaria del Congreso Nacional”, expresó Zambrano.
Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, señaló que la sesión es ilegal, por lo que mencionó que “desgraciadamente” a las 12:00 am de este día el
Código Penal entra en vigor.
El nuevo Código Penal entra en vigor este día, a pesar de que distintos sectores de la sociedad, e incluso el Poder Ejecutivo, solicitaron la ampliación de la vacatio legis para una discusión más profunda de las nuevas leyes penales.
Ebal Díaz, secretario de la Presidencia, expresó ayer que el Ejecutivo presentó una serie de reformas que se deben hacer al nuevo Código Penal en temas del crimen organizado, feminicidios, trata de personas, desplazamiento forzado, extorsión, entre otros.
“Enviamos una iniciativa para que el Congreso Nacional pudiese reformarlo y no entrase en vigencia”, manifestó Díaz, puesto que las autoridades lo consideran un retroceso en materia de combate al crimen organizado.
| 67 diputados de la oposición abrogaron el nuevo Código Penal en una sesión extraordinaria.
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Según Díaz, tenían entendido que ayer se iba a proceder a las reformas o aumentar el plazo de la vacatio legis para que no entrara en vigor.
Oposición sesiona
Ante la falta de una convocatoria oficial de la directiva del Congreso Nacional, al menos 67 diputados de las bancadas de los partidos políticos Liberal, Libertad y Refundación (Libre) y del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), Alianza Patriótica, incluyendo a un diputado del Partido Nacional, convocaron a una sesión extraordinaria amparados en los artículos 190 y 191 de la Constitución, donde señalaban que un número de cinco diputados puede convocar extraordinariamente al CN para sesionar en cualquier lugar del país cuando se impida la instalación o celebración de sus sesiones.En la sesión del “congreso de la dignidad”, como fue llamada por los legisladores, participaron 67 diputados, quienes votaron por la abrogación (suspender o dejar sin vigor una ley) del nuevo Código Penal. La sesión creó una situación histórica en el país, según los expertos, porque se nombró una nueva directiva, que fue presidida por Denis Castro, por lo que, según los diputados de la oposición, hay dos Congresos en el país.
| Nacionalistas
El Partido Nacional pidió anoche en un comunicado prorrogar la vacatio legis de la nueva normativa jurídica.
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El legislador explicó que el artículo que invocan en la convocatoria ilegal aplica solo cuando el CN está en receso, y en este momento el Poder Legislativo está en período de sesiones, puesto que se amplió, pese a que por ley hay suspensión a principios de mayo, para poder aprobar medidas que ayuden al Ejecutivo a enfrentar la pandemia.
“Solo con el hecho de decir que alguien va a presidir o que va a tomar las atribuciones de un secretario o del presidente está incurriendo en varios delitos, abuso de autoridad, usurpación de funciones, entre otros, por eso deben tener cuidado y no dejarse llevar por las emociones”, indicó Zambrano.
| Posturas
1- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando las violaciones del nuevo Código Penal.
2- La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) señaló que reconoce la sesión de la oposición, donde se abrogó la nueva normativa legal. 3- El Congreso Nacional declaró ilegal la sesión convocada por diputados de la oposición, que buscó impedir la entrada en vigor del nuevo Código Penal. |
A consideración del abogado, el nuevo Código no puede entrar en vigencia según el artículo 188 de la Constitución de la República, que dicta que mientras se esté en una suspensión de garantías constitucionales no podrán entrar en vigencia nuevas leyes en el campo penal y crear nuevos delitos.
La Asociación de Fiscales también se manifestó en contra de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, señalando que el decreto que le dio vida pasó por la inobservancia de los procesos legales establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con relación a las sesiones y debates para aprobar y sancionar legítimamente la misma. Asimismo, señaló que hay artículos que atentan contra la libertad de expresión y rebaja de penas.
Anoche, el Partido Nacional pidió que la entrada en vigor del nuevo Código se prorrogue “el tiempo que sea necesario”, debido a que la crisis del covid-19 ha impedido que haya sido suficientemente socializado y discutido con diversos sectores.
