Tegucigalpa, Honduras.
La vacatio legis del nuevo Código Penal expira este jueves 25 de junio bajo la expectativa de diversos sectores de la sociedad hondureña que han venido demandando la enmienda de diversos artículos que, a su juicio, debilitan el combate a la corrupción, el narcotráfico y la libertad de expresión.
En las últimas cuatro semanas, el Congreso Nacional realizó un amplio proceso de socialización con diversos sectores del país y se espera que los planteamientos formulados sean tomados en cuenta al momento de hacer las reformas pertinentes.
A la fecha, el Poder Legislativo ha tenido encuentros y reuniones en línea con estudiantes y catedráticos de la carrera de Derecho, organizaciones de derechos de la mujer, con más de 500 jóvenes y la última de ellas el viernes anterior con litigantes privados.
Sigue firme
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) indicó ayer en sus redes sociales que el organismo gremial sigue firme en defender la libertad de expresión y de prensa y reiteró su llamado a los diputados a despenalizar los delitos contra el honor que criminalizan y atentan contra la libre expresión.
El CPH recordó que en diciembre pasado se presentó una propuesta para despenalizar los delitos contra el honor y que al mismo tiempo protege el derecho al honor y la reputación de las personas, la cual espera que sea tomada en cuenta al momento de realizar los cambios que han venido solicitando diversos sectores de la sociedad. El abogado penalista y asesor del Congreso Jaime Banegas indicó que el nuevo Código Penal castigará con cárcel a aquellos que aprovechándose de la pandemia por el COVID-19 aumenten los precios de los implementos de bioseguridad, como mascarillas, gel de manos y desinfectantes.
Esta nueva normativa estipula el delito de agiotaje, el cual consiste en el aumento de precios de servicios y mercancías por encima de los fijados por las autoridades competentes, el cual deberá ser respetado, en caso contrario enfrentará una pena de 2 a 4 años de cárcel.
Banegas explicó que el nuevo Código Penal protege a los consumidores en especial en esta época de pandemia.
“La pena por el delito de agiotaje aumenta un 1/3 cuando se trate de materia prima o productos de primera necesidad o productos financieros”, explicó.
