Congreso Nacional autoriza $600 millones para deudas de la Enee

TEGUCIGALPA.

Bajo múltiples objeciones de las bancadas de oposición que cuestionaron el alto nivel de endeudamiento que está alcanzando el país en esta coyuntura de la pandemia del Covid-19, el Congreso Nacional autorizó ayer al Gobierno la emisión de bonos soberanos por un monto de $600 millones y una cantidad indefinida para gestión de pasivos para la recuperación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Este último renglón tenía un techo de $200 millones, pero con la enmienda al decreto 128-2019 aplicada ayer se dejó un monto de contratación indefinido.

Además de lo anterior, los diputados aprobaron, bajo fuertes cuestionamientos a la ministra de Finanzas Rocío Tábora, un contrato de préstamo de $100 millones (L 2,480 millones) suscrito entre el Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dirigido al Programa para la reactivación económica a través de la mipyme en la crisis y poscrisis COVID-19 en Honduras.

Este programa tiene como objetivo el acceso a crédito y garantías, en condiciones favorables a las micro, pequeña y mediana empresas del país, para lo cual la Secretaría de Finanzas traspasará dichos recursos, mediante un convenio de transferencia al Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

Más bonos soberanos

La primera iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo se refiere a la reforma del artículo 1 del decreto legislativo número 128-2019 del 7 de noviembre de 2019, encaminado a modificar los montos para la emisión de los bonos soberanos autorizados por el Congreso al Gobierno en noviembre del año pasado.

En aquel momento, los diputados autorizaron al Gobierno a través de la Secretaría de Finanzas la emisión de bonos soberanos por $700 millones, de los cuales $400 millones eran propiamente endeudamiento externo y $300 millones gestión de pasivos de los bonos soberanos externos colocados.

Otros endeudamientos aprobados El 1 de abril anterior, los diputados aprobaron un paquete de medidas económicas y fiscales propuestas por el Poder Ejecutivo, que, entre otras cosas, faculta a la Secretaría de Finanzas a obtener financiamientos extraordinarios por el orden de los 2,500 millones de dólares (62,000 millones de lempiras), para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19

Se autorizó además a Finanzas emitir un máximo de $200 millones adicionales a los montos anteriores para un total de $900 millones, con tal de que se destinara para gestión de pasivos de bonos soberanos externos colocados.

Con la reforma al decreto 128-2019, el Ejecutivo planteó modificar los montos de la emisión de bonos soberanos, pasando de $700 a $600 millones, mientras que el monto adicional de $200 millones para gestión de pasivos pasó a un monto indefinido.

Los recursos colocados, según el Gobierno, serán destinados para realizar gestión de pasivos de la Enee, en el marco de la reforma del Sector Energía, que comprende reperfilamiento de sus deudas, pago anticipado de títulos valores emitidos, préstamos y cualquier otra obligación contratada por dicha empresa estatal. Estos recursos serán otorgados a la Enee a través de un convenio de préstamo reasignado en las mismas condiciones que se coloquen, incluidos costos y gastos asociados a la colocación.

Cuestionamientos

Diputados de las bancadas de oposición cuestionaron el alto endeudamiento en el que está cayendo el Gobierno sin ninguna rendición de cuentas, bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19.

Los diputados Jari Dixon, de Libertad y Refundación (Libre), Mario Segura y Yuri Sabas, del Partido Liberal, exigieron a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, que ofreciera un informe del monto de la deuda pública interna y externa del país, especialmente la contratada durante la pandemia.

Datos - 11,362 millones de dólares es el monto global de la deuda pública interna y externa de Honduras. - 1,047 millones de dólares es la deuda contratada durante la pandemia.

Dixon increpó a Tábora con respecto a cuánto representará para el futuro del pueblo hondureño la contratación de esta “cantidad dramática” de préstamos y financiamientos, incluyendo los $600 y $100 millones aprobados ayer.

“No sé hasta dónde vamos a parar nosotros como Congreso, es cierto que hay que reactivar la economía, pero aún no tenemos una respuesta del nivel de transparencia con la cual se manejan estos fondos, se ha aprobado cualquier cantidad de dinero para el manejo de la pandemia, pero no hay una rendición de cuentas”, lamentó.

Yuri Sabas expresó que el mayor problema que se tiene con este tipo de préstamos es que en el camino o la tramitología del sistema bancario estos fondos se quedan en manos de grandes comerciantes del dinero. “Yo quisiera que me explicaran que esto no se va a convertir en una pequeña Conadi (Corporación Nacional de Inversiones), adonde van empezar a crear un montón de empresas de maletín, que van a quebrar y no van hacer efectivos los pagos del dinero que es del pueblo”, dijo.

“Ojalá que esto no se vaya a convertir en una pequeña conadi con empresas de maletín”: Yuri Sabas, Diputado liberal

En respuesta, los diputados nacionalistas Eder Alvarado y Antonio Rivera Callejas indicaron que esos fondos, particularmente, los 100 millones del BCIE, están destinados a la reactivación de la economía y a facilitar el crédito a las micro, pequeña y mediana empresas que generan el 70 y 75% de los empleos del país.

Callejas remarcó que no se les debe olvidar la situación que enfrenta la mayoría de los hondureños y que se trata de fondos concesionales para ayudar a los más necesitados y a los microempresarios del país.

Endeudamiento

La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, argumentó que Honduras cuenta con una calificación crediticia favorable y es el momento oportuno para colocar nuevos financiamientos a condiciones altamente favorables en el exterior.

Aseguró que en los últimos años el saldo de la deuda de todas las instituciones del sector público ha mantenido un comportamiento estable, y a marzo de 2020 la deuda total del Gobierno de Honduras asciende $11,362.3 millones, que representa un 44.8% del producto interno bruto.

La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. “Todas estas operaciones son contratadas en condiciones financieras favorables”: Rocío Izabel Tábora, Ministra de Finanzas

Aseguró que la tasa de retorno de estos préstamos, es decir, aquellos que retornan y favorecen a la economía hondureña, es alta y llegan hasta un 70 y 77%, en comparación al 30 y 35% de períodos anteriores. Además, dijo que al cierre de este año lo planificado es llegar a un nivel de deuda del 53% en relación con el PIB, que incluye el endeudamiento para atender la pandemia, que es menor a lo autorizado por el Congreso.

Dijo que en el marco de la emergencia por el COVID-19 se ha contratado deuda por 1,047 millones. Aseguró que estas operaciones son a bajas tasas de interés y largos períodos de gracia, lo que la hacen manejable.

3 claves de lo aprobado: Los diputados aprobaron otra serie de iniciativas en el sesión virtual de ayer que, entre otras cosas, contiene.

Aprueban medidas para ayudar a pacientes renales TEGUCIGALPA. Con el apoyo de la mayoría de los 128 diputados, el Congreso Nacional aprobó ayer en su sesión virtual un decreto orientado a implementar medidas de bioseguridad para garantizar la continuidad del tratamiento de hemodiálisis y diálisis a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica durante la emergencia por la pandemia del COVID-19. El decreto, presentado por iniciativa del diputado Tomas Zambrano (PN), y acompañado por la mayoría de los diputados del Congreso Nacional, establece que el Estado debe asegurarse de que todos los pacientes reciban el tratamiento correspondiente, sin discriminación, para aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados como portadores del COVID-19. Para cumplir con lo anterior, la empresa responsable de prestar el servicio debe contar en cada uno de sus 12 centros de atención con una sala exclusiva para atender a pacientes infectados o sospechosos de COVID-19, sin que estos, ni el personal asignado a esta sala, tengan contacto con el resto de pacientes atendidos en cada centro, para lo cual se establezcan convenios con las alcaldías municipales para garantizar un espacio físico. Para el acondicionamiento de estos espacios, las alcaldías municipales adonde operen los centros de atención destinarán fondos de las transferencias del Estado en el presente ejercicio fiscal, ya sea para proveer el local adecuado para su instalación o para colaborar en su acondicionamiento, incluyendo la posibilidad de alquiler de inmuebles. De igual forma, el decreto ordena a que Sinager facilite una o varias unidades de transporte, según la necesidad determinada, para el traslado de los pacientes con insuficiencia renal crónica a los centros en los que reciben su tratamiento de diálisis, servicio que debe ser prestado de manera gratuita para los pacientes. Cronología 1 de abril Préstamos. Los diputados aprueban financiamientos extraordinarios por el orden de los 2,500 millones de dólares (62,000 millones de lempiras), para hacer frente a los demoledores efectos de la pandemia del COVID-19 en el sector productivo y en el mercado laboral del país 2 de abril Alivios. Se aprueba la Ley de Auxilio al Sector Productivo y los Trabajadores ante los efectos provocados por el Covid-19, cuya finalidad es disminuir el impacto económico ocasionado por la pandemia del coronavirus y dictar medidas para aliviar las condiciones de los obligados tributarios 30 de abril Turismo. Se aprueban reformas orientadas a auxiliar a las empresas del turismo en aspectos fiscales y en auxiliar a sus trabajadores que hayan sido suspendidos de sus labores por consecuencia de la emergencia del COVID-19, para que conserven empleos. En San Pedro Sula hay más de 700 pacientes renales que acuden a tratamiento. La iniciativa presentada por el diputado Tomás Zambrano favorecerá a miles de pacientes con insuficiencia renal.