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Fiscalía de EEUU se opone a liberación anticipada de Yani Rosenthal

  • 11 mayo 2020 /

El exdiputado hondureño solicitó una liberación compasiva ante la pandemia del coronavirus

Nueva York. Estados Unidos

En una carta dirigida al juez federal John G. Koeltl, de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía que representa al Gobierno de los Estados Unidos, manifestó su oposición a la liberación anticipada del banquero y exdiputado honduteño Yani Benjamín Rosenthal.

A comienzos de este mes, Rosenthal solicitó, a través de su representante legal, que se le concediera la libertad anticipadamente alegando sus problemas de salud y la amenaza que contra su vida podía representar si llegaba a contagiarse en el marco de la pandemia del coronavirus, enfermedad que temía contraer mientras se encontrase recluido en el centro correccional FCI, cerca de Miami, Florida, en donde cumple su sentencia por el delito de lavado de activos.

La misiva, firmada por el fiscal Geoffrey Berman, argumenta que, en su petición, Rosenthal “no establece razones extraordinarias ni convincentes para justificar suficientemente la liberación que busca”.

El fiscal añade que la petición tampoco menciona el “peligro” que Rosenthal todavía representa para la comunidad, otra legislación aplicable ni la orden de detención interpuesta por las autoridades migratorias, en cuya custodia quedará una vez cumpla su sentencia de tres años, cuyo término se prevé para agosto o septiembre de este año.

El fiscal Berman señala además que la sentencia dictada por la Corte estuvo por debajo del límite inferior de los lineamientos legales aplicables al caso, y de eso hacen menos de tres años, por lo que el acusado “no merece más indulgencia” y por lo tanto, la Corte debería de rechazar su solicitud de liberación compasiva.

Rosenthal fue sentenciado a tres años de reclusión en diciembre de 2017, luego de declararse culpable de cargos relacionados con el lavado de activos en relación con ciertos tratos comerciales que mantuvo con una de las empresas establecidas por el cártel hondureño de Los Cachiros para el blanqueo de capitales procedentes de la droga.