Tegucigalpa, Honduras.
En consideración de las actuales circunstancias que atraviesa Honduras, la ASJ planteó en una carta remitida a Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo, el pasado martes 28 de abril y con acuse de recibo, la postergación de la entrada en vigencia del nuevo instrumento legal, tomando en cuenta que “el esfuerzo del Estado se está dirigiendo a salvar el bien jurídico vida y no a enfrentar esfuerzos destinados a la entrada en vigencia de un ordenamiento jurídico que dada la situación mundial pierde relevancia”.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, pidió al Congreso Nacional (CN) extender por seis meses adicionales la 'vacatio legis' del nuevo Código Penal, ante la crisis sanitaria generada por la pandemia mundial de COVID-19.
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Hasta el 10 mayo de 2020 se amplió la entrada en vigencia del polémico marco legal en el Congreso Nacional.
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El escrito considera “inoportuno que pueda este instrumento legal entrar en vigencia en las actuales circunstancias, donde el Poder Judicial y el Ministerio Público están trabajando únicamente con un sistema de turnos y el resto de su personal en casa acatando las órdenes de aislamiento social”.
La organización de sociedad civil instó a esperar un tiempo adicional para que existan mejores circunstancias y todos los administradores de justicia puedan regresar a sus trabajos con eficiencia y eficacia.
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Asimismo, hizo un llamado a los diputados para continuar la discusión del nuevo Código Penal de manera “amplia y participativa, con representación de los distintos sectores de la sociedad, dejando abiertas las posibilidades de reforma, haciendo uso de los mecanismos de sesiones virtuales aprobados por el pleno del Congreso el 2 de abril de 2020”.
Capacitación y reformas
La ASJ solicitó además al CN, verificar con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados de Honduras, universidades públicas y privadas y otros intervinientes del proceso penal, si cuentan con la adecuada preparación técnica y científica necesaria para la entrada en vigencia, es decir, una capacitación continua integral adecuada a los requerimientos que cada perfil del cargo necesita con el nuevo ordenamiento jurídico.De igual manera, la ASJ dice identificar inconsistencias en la redacción del tipo penal en ciertos grupos de delitos, tales como los de violencia contra la mujer, contra la libertad e indemnidad sexual, contra el medio ambiente, contra el patrimonio y contra la administración pública, para los cuales se recomiendan modificaciones.
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