SAN PEDRO SULA.
En medio de la incertidumbre, José H. Rivera, propietario de una pequeña embotelladora de jugos naturales denominada Rivera & Zelaya, estuvo escuchando con alegría al presidente Juan Orlando Hernández que el Gobierno había aprobado un paquete de medidas económicas para apoyar al sector productivo del país; sin embargo, dos semanas después, él no ha recibido nada.
Lo único que ha recibido hasta la fecha, dijo, es una llamada del banco en la cual le anunciaron que le postergarían el pago de la mensualidad del préstamo que hace nueve meses le otorgaron para que comprara materia prima y lograra aumentar la producción con el objetivo de elevar automáticamente las ventas en 2020.
“Del banco me llamaron hoy (ayer) para readecuarme las cuotas de pago. La cuota de marzo la tengo que pagar hasta en junio y la de abril hasta en julio. Esto me da un poco de tranquilidad, pero sigo con el mismo problema: ¿de dónde voy a sacar dinero después para pagar si no estoy vendiendo? Mis clientes, que son escuelas y colegios, no están operando”, lamentó.
En vista de que sus compradores suspendieron las operaciones por el toque de queda, Rivera, quien está afiliado a la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (Anmpih), no tuvo otra opción más que dejar de producir el 14 de marzo y despachar a sus ocho empleados a descansar gozando de salario.
“Con un poquito de dinero que tenía ahorrado logré pagarles hasta la primera semana de abril porque son buenos trabajadores y necesitan dinero. También los he apoyado con alimentos. Pero la situación, en la medida que pasan los días, se pone más crítica. No sé si podré seguir pagando porque no tengo de donde sacar más dinero. Yo también le alquilo una casa a una señora y ella me dijo que solo me pagará la mitad de la mensualidad de marzo. A un señor le alquilo un terreno para que tenga su taller de mecánica automotriz y no me paga porque no llegan clientes”, dijo.
Rivera (de 40 años), padre de tres hijos, cree que las medidas anunciadas por el Gobierno “no están llegando abajo” al sector informal y “tal como están formuladas” no ayudarán a recuperar “a las pequeñas empresas y a miles de plazas laborales”.
“De mi unidad productiva dependen directamente, incluyendo la mía, nueve familias. Para repartir los productos, yo le pagó a otra persona que es dueña de los carros, también compró materiales a otras empresas. Es una cadena de pequeñas empresas la afectada. Estas son familias que pasarán a la pobreza si no les ayudan”, dijo.
Frente a este panorama sombrío, Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Pequeña y Mediana Empresa (Gremipe), pronostica que después de la pandemia “quedará destruida la pequeña empresa y toda la economía resultará afectada porque genera más de 1.6 millones de empleos, el 35% del impuesto sobre la renta y el 40% de impuesto sobre venta”.
“Hace seis meses, el Gobierno dijo que apoyaría a la pequeña empresa con L1,500 millones y no lo cumplió, y hoy, con esta crisis, no está haciendo nada para nosotros. Está apoyando a grandes empresas, a la maquila, pero no a nosotros. Nosotros necesitamos una ayuda económica directa porque solo así vamos a poder sobrevivir”, dijo Carranza.
Pese a que es consciente de que el toque de queda desembocará en una inevitable recesión, el Gobierno no ha creado un plan de rescate de las pequeñas empresas, de las cuales depende más del 60% de la población hondureña y la economía del país.
Según el informe titulado La economía en el tiempo de COVID-19, publicado el domingo por el Banco Mundial (BM), Honduras “entrará en recesión en 2020 en medio de la epidemia de COVID-19, lo cual conducirá a un aumento de la pobreza y desigualdad a medida que disminuyan las remesas y los más vulnerables pierdan ingresos”.
La economía nacional decrecerá -2.3%, un porcentaje que se traducirá en cierre de empresas y reducción de plazas laborales. La situación de Honduras, no obstante, no será tan grave como la que vivirán los vecinos de El Salvador y Nicaragua que registrarán una contracción de -4.3%.
El Banco Mundial estima que el Gobierno de Honduras ha creado el paquete de medidas fiscales más pequeño (menos del 1% de su producto interno bruto) de América Latina para ayudar a las empresas frente al establecido por las administraciones de otros países, como Guatemala, con una cifra que supera el 2% de su PIB.
El economista Rafael Delgado, catedrático de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), coincide con que las medidas tributarias, “como la exoneración, rebaja o postergación de pago de impuestos solo beneficiarán a las grandes empresas y no a las pequeñas, y esto no contribuirá a contener el crecimiento de la pobreza”.
“El Gobierno de Honduras debe, como hacen en otros países, subsidiar el empleo de la pequeña empresa. El 70% de la pequeña empresa está paralizado, no están produciendo; pero deben cumplir con el pago de empleos, agua, energía y telefonía. Subsidiar los empleos de la pequeña empresa es costoso para un Gobierno, pero le resultará mucho más costoso si permite que las empresas pequeñas quiebren. En Honduras hay alrededor de 700,000 empresas de este tipo y producen más de un millón de plazas laborales”, dijo.
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