SAN PEDRO SULA.
Desde que el
Gobierno impuso el toque de queda para frenar la propagación del
COVID-19, las empresas importadoras han entrado en crisis por el descenso a cero de las ventas, lo cual imposibilita a algunas a desaduanar los contenedores con mercancías.
Periodistas de
LA PRENSA constataron que algunos importadores le han expuesto a la
OPC las limitaciones económicas que enfrentan para pagar las sobreestadías, pero los ejecutivos de la sección comercial no han hecho las excepciones y les han comunicado que deben pagar en vista de que, hasta el momento, el tarifario oficial no ha tenido ningún cambio.
“Habría que analizar caso por caso.
OPC lo puede evaluar. A veces, la carga no sale por falta de algún permiso que Aduana o Senasa (
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria) solicitan que se gestione antes de que venga el producto. Si la carga viene y es de ese tipo no hay permiso, no lo dejan salir. Puede pasar allí dos semanas o más, según el tiempo que tomen los importadores en sacar el permiso”, opinó
Daisy Pastor, gerente de la compañía naviera
Seaboard.
Pese a que el COVID-19 tiene paralizada la actividad comercial en el país y al borde de la quiebra a centenares de empresas, la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) no cede en medio de la crisis y le impone multas y recargos a los importadores que, por diferentes razones derivadas de la emergencia, no logran retirar los contenedores dentro del período de gracia.
La subsidiaria de la filipina International Container Terminal Services (ICTSI) mantiene en vigencia un cuadro tarifario que exime de pago a los importadores por tener en la terminal un contenedor durante los tres primeros días posteriores al desembarque, pero después de ese período les cobra un recargo que va de más de $6 hasta más de $26 diarios cuando la unidad permanece más de 11 días en su recinto. Esta cantidad es adicional al pago que realiza el importador a la OPC y a las navieras.
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Contenedores.Según cifras de la OPC, 500 contenedores son despachados diariamente de la terminal.
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Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), insta a la OPC a tomar “en consideración la emergencia nacional y no cobrar la sobreestadía porque los importadores tienen los contenedores allí no porque ellos quieran, sino porque no están vendiendo”.
Barquero informó que la semana pasada, la Cámara de Comercio le planteó este problema “a las autoridades de Aduanas y a la Superintendencia de Cconcesiones porque son quienes tienen la facultad legal para resolver una situación como esta”.
“Ellos (la OPC) tienen que recapacitar. Esta es una emergencia nacional, todos nos estamos sacrificando, y no es posible que estén cobrando montos afectando a las empresas, que ya están golpeadas. A parte de esos cobros, llevamos dos semanas de no estar vendiendo, facturando”, dijo. “La emergencia pone a las empresas en una situación delicada de iliquidez |y por eso no pueden hacer muchos pagos”.
 Los ejecutivos argumentan que la medida es necesaria para que los importadores retiren los contenedores.
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Las empresas importadoras se enfrentan en este momento a una disyuntiva existencial: incurrir en gastos como las multas y sobrecargos para retirar contenedores o utilizar ese dinero para pagar los salarios de los empleados, de los cuales dependen las familias.
Sin embargo, el Gobierno, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, hasta ahora no ha tomado ninguna medida para que la compañía concesionaria de la terminal general de carga de Puerto Cortés suspenda, mientras dure la emergencia por el COVID-19, tarifas que no están de acorde al escenario de crisis en el cual se encuentra inmersambuida la economía, aseguran empresarios.
Desde el punto de vista de la OPC, cobrar las tarifas por la sobreestadía es una manera de “motivar” a los importadores a retirar sus contenedores para evitar un colapso en el puerto.
“El puerto no está diseñado para acumular contenedores. Si nadie saca los contenedores, podríamos llegar a un colapso, y eso sería mucho peor para el país porque habría desabastecimiento.El puerto es un servicio esencial que es necesario mantenerlo operando”, dijo Vilmar Araujo, gerente séenior comercial de OPC.
“Los cobros es un tema que hay que seguir. Si nosotros le decimos al mercado que no vamos a cobrar nada, nadie va a hacer un esfuerzo para sacar los contenedores del puerto. El puerto no está diseñado para almacenar todos los contenedores que lleguen, el puerto soólo es una zona de transferencia”, expresó. “Para eso existen las empresas de logística y predios fiscales”.
Aunque no son exigentes como la Cámara de Comercio, representantes de compañías navieras creen que la OPC debería analizar los problemas que presentan los importadores para encontrar las causas de los obstáculos que impiden el retiro de los contenedores de los recintos portuarios.
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Alfredo Di Palma, gerente de Maersk Honduras, coincide con Pastor en que “hay que analizar caso por caso” porque algunos “importadores han tenido problemas con los pagos debido a que la banca ha estado cerrada y no han podido pagar impuestos”.
“Pienso que todos los que participamos en la cadena debemos colaborar. La OPC ha estado flexible, y creo que si hay algún problema se puede resolver y llegar a un acuerdo”, dijo Di Palma.
