TEGUCIGALPA.
Sin embargo, en el
Ministerio Público dicen que solo se manifestarán sobre este tema cuando se finalice el proceso de investigación, el cual inició desde septiembre pasado y no ha presentado de manera oficial ningún avance.
Las alarmas de los protectores del ambiente se encendieron de nuevo con el pronunciamiento favorable que dio una comisión especial del Congreso Nacional sobre el proyecto residencial Bosques de Santa María en la zona de La Tigra.
Diferentes sectores comenzaron a mostrar su malestar y posición en contra del informe.
La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah) informó que se tomarán acciones de inmediato para detener cualquier intención de reactivar la polémica obra.
“No solo estamos preparando acciones de protesta, sino que también demandas internacionales contra los implicados que emitieron permisos y licencias ambientales. La presentaremos ante el Tribunal Latinoamericano de Agua”, informó Christopher Castillo, coordinador general de Arcah. Además, se planea para hoy un plantón frente al Poder Legislativo.
Vecinos. Las autoridades de la Comisión Prodefensa de Comunidades de La Tigra lamentaron la posición que asumió la comisión del Legislativo.
“Nos reunimos con la comisión y presentamos toda la documentación. Si bien es cierto que solo una parte de Bosques de Santa María está dentro de la zona de amortiguamiento, las zonas aledañas al parque sin duda tendrán un impacto negativo”, manifestó Tatiana Lara, integrante de la Comisión Prodefensa de Comunidades de La Tigra. Agregó que están a la espera de investigación que realiza la Fiscalía del Ambiente.
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La tarde del martes en el pleno del Congreso Nacional se presentó un documento de 35 páginas que no fue leído en su totalidad.
El informe detalla mediante antecedentes los límites de La Tigra y el espacio que abarca la construcción del proyecto.
Además plasma las reuniones que se tuvieron con las diferentes instituciones involucradas, las que expresaron que todos los documentos están en regla. El documento finaliza con 13 recomendaciones en las que se destaca la número 6 que indica que “a juicio de esta Comisión, los urbanizadores han cumplido con el proceso administrativo para la obtención de las licencias y permisos para realizar las actividades que se han desarrollado hasta este momento”.
Los desarrolladores mantienen su posición de que no se está afectando el área protegida.
