Choluteca.
El conflicto entre la Diócesis de Choluteca y el sacerdote Florentino Hernández Bonilla, expárroco de la parroquia Cristo de Esquipulas, en El Triunfo, Choluteca, ha llegado a instancias legales.
La Iglesia Católica, a través de la Diócesis, ha interpuesto una querella por el delito de usurpación y apropiación indebida contra Hernández, a quien desde el 29 de abril de 2019 se le suspendió de su ejercicio sacerdotal, por lo que no puede ejercer acciones administrativas ni ministeriales en la parroquia, acción que se ha continuado ejecutando.
“Esta acción legal es procedente porque se basa en dos aspectos fundamentales: la primera, porque el 26 de diciembre de 2018 se le removió como sacerdote de la parroquia y el 29 de abril de 2019 se le suspendió del ejercicio sacerdotal, por lo tanto, no tiene facultades legales para ejercer acciones administrativas ni ministeriales en la parroquia”, explicó Carmen Ordóñez, apodera legal de la Diócesis de Choluteca.
“Nuestro planteamiento es que el proceso debe ser nulo, primero porque el Estado hondureño, a través del Poder Judicial, no tiene competencia sobre los asuntos internos de la Iglesia y eso es importante porque es un derecho y un principio sobre la libertad de culto. Hay un asunto del fuero del derecho canónico, ya que el padre Florentino sigue siendo sacerdote, entonces, hay un código del derecho canónico que ya establece unos procedimientos pero esos no son coercitivos, no tiene una Policía, entonces, no pueden ir a sacar a una persona”, explicó Erick Tábora, abogado defensor de Hernández.
Las partes fueron convocadas para el 5 de febrero para desarrollar una nueva audiencia.
El conflicto entre la Diócesis de Choluteca y el sacerdote Florentino Hernández Bonilla, expárroco de la parroquia Cristo de Esquipulas, en El Triunfo, Choluteca, ha llegado a instancias legales.
La Iglesia Católica, a través de la Diócesis, ha interpuesto una querella por el delito de usurpación y apropiación indebida contra Hernández, a quien desde el 29 de abril de 2019 se le suspendió de su ejercicio sacerdotal, por lo que no puede ejercer acciones administrativas ni ministeriales en la parroquia, acción que se ha continuado ejecutando.
“Esta acción legal es procedente porque se basa en dos aspectos fundamentales: la primera, porque el 26 de diciembre de 2018 se le removió como sacerdote de la parroquia y el 29 de abril de 2019 se le suspendió del ejercicio sacerdotal, por lo tanto, no tiene facultades legales para ejercer acciones administrativas ni ministeriales en la parroquia”, explicó Carmen Ordóñez, apodera legal de la Diócesis de Choluteca.
Acciones legales
Para el miércoles 29 de enero se había señalado una audiencia de conciliación, pero la parte defensora del sacerdote Hernández Bonilla promovió una acción de nulidad, la cual se basaba en que la querella no tiene razón de ser ya que el proceso debe ventilarse a través de las normas de derecho canónico.“Nuestro planteamiento es que el proceso debe ser nulo, primero porque el Estado hondureño, a través del Poder Judicial, no tiene competencia sobre los asuntos internos de la Iglesia y eso es importante porque es un derecho y un principio sobre la libertad de culto. Hay un asunto del fuero del derecho canónico, ya que el padre Florentino sigue siendo sacerdote, entonces, hay un código del derecho canónico que ya establece unos procedimientos pero esos no son coercitivos, no tiene una Policía, entonces, no pueden ir a sacar a una persona”, explicó Erick Tábora, abogado defensor de Hernández.
Las partes fueron convocadas para el 5 de febrero para desarrollar una nueva audiencia.
