TEGUCIGALPA.
Asimismo se refleja que en las liquidaciones planteadas los representantes de las
oenegés mintieron, lo que habría provocado un perjuicio de más de L4 millones al Estado de Honduras en estos seis casos.
Varias irregularidades identificó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en las primeras seis auditorías realizadas a un igual número de oenegés que manejaron recursos del Fondo Departamental.
Según se detalla en documentos del TSC, las oenegés involucradas son: Beneficios Infantiles de Transformación y Alternativas (Bital), Organización para el Desarrollo Comunitario Integral (Odecoin), Transformando Nuestra Nación (Transnna), la Asociación Cristiana para el Desarrollo Integral del Ser Humano (Asocridih), la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (Ajopadih) y la Asociación Alianza para el Alivio de la Pobreza (Apap).
Según la documentación, en cinco de seis auditorías, el gestor fue el exdiputado Augusto Cruz Asensio del partido Vamos.
En dichas auditorías se detectó que las oenegés no liquidaron los fondos ante la Secretaría de Finanzas y que tampoco hay evidencia de la ejecución de los proyectos que se debían concretar en diversas comunidades con esos recursos.
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millones recibió del Fondo Departamental la oenegé Odecoin para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en los municipios de Lepaterique, El Porvenir y Francisco Morazán, pero no hay evidencia de su ejecución.
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 Augusto Cruz Asensio, exdiputado del partido Vamos.
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Transferencia a oenegé Bital
Con respecto a la oenegé Bital, se maneja que entre el 27 de febrero y el 14 de diciembre de 2015 se transfirieron un total de L600,000 del Fondo Departamental para ejecutar talleres de capacitación a jóvenes de las comunidades de Zepate, Resizapa, Las Trancas y Las Oricas en el Distrito Central.Los auditores no lograron contactar a los representantes legales del periodo sujeto a revisión y los actuales de dicha oenegé para complementar la información faltante en la liquidación.
Es decir, que Bital no tiene fotografías de los talleres ni evidencias del primer desembolso a los ejecutores del proyecto. La documentación ya está en poder de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción.
