TEGUCIGALPA.
Una serie de organizaciones aglutinadas en la Vía Campesina interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el polémico decreto en el que se le otorgan facultades a las Fuerzas Armadas para dirigir el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).
El decreto que le dio vida al PDAH afirma que tendrá la asignación de hasta 3,843,914,253.58 lempiras, es decir unos 960.9 millones de lempiras por año.
De acuerdo con el escrito, “el decreto violenta claramente la Constitución de la República porque de manera ilegal el Ejecutivo otorga funciones y presupuesto a las Fuerzas Armadas que no le corresponden”.
Según la Vía Campesina, el polémico decreto, usurpa claramente las funciones de las instituciones del sector público agrícola y pone bajo el mando de las Fuerzas Armadas la dirección, administración y ejecución de las políticas agrícolas del país, funciones que no tienen ni por mandato constitucional ni por otras leyes secundarias. Los jueces tienen 20 días para referirse al escrito.
