La Ceiba, Honduras.
Los funcionarios públicos que administraron la alcaldía municipal de La Ceiba, durante los períodos 2005 a 2018, fueron denunciados por haber hecho millonarias deducciones de cotización de empleados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que fueron desviados para gastos corrientes.
Lo anterior se conoció mediante una denuncia que interpuso el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
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Los responsables enfrentarían cargos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
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La denuncia abarca las gestiones de los exalcaldes Gonzalo Rivera por un año, Milton Simón y dos períodos continuos de Carlos Aguilar Ponce.
Según señala el documento, se aplicaron retenciones por unos 72,203,184.29 lempiras, mismos que debieron ser acreditados al IHSS para que los empleados gozaran de beneficios sociales y de salud, pero los recursos se usaron en operaciones administrativas, entre otras.
Según constataron los miembros del CNA, la deuda por cotizaciones no entregadas al IHSS asciende a 64,868,054.57 lempiras. A esta cifra, se le suman 6,486,805.48 de recargos, más 786,388.20 de multas y 61,936.04 de otras deudas, lo que suman los 72,203,184.29 lempiras.
Los delitos que se señalan contra los responsables de este desvío son malversación de caudales públicos por cambio de destino, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
“Durante el año que me corresponde, nosotros no le sacamos cuota a los empleados para Seguro Social porque no iban a recibir las atenciones y lo pueden comprobar haciendo las investigaciones. Me encuentro tranquilo porque no debo nada”, manifestó el exalcalde Rivera.
Mientras que Milton Simón no respondió su celular, aunque indicó mediante mensaje que “se debe hablar con don Arnaldo Zelaya, tesorero en mi período, pues hacen énfasis más en el período de 2010 a 2014”.
Se identificó que a pesar de existir responsabilidad por parte de miembros de la Corporación Municipal entre 2005-2010 no fueron denunciados, ya que el Código Penal estipula en su artículo 97 que el delito de malversación por cambio de destino prescribe a los cinco años, porque la pena consignada es únicamente de inhabilitación.
