TEGUCIGALPA.
Contra la función legislativa únicamente procede la acción de
inconstitucionalidad establecida en el artículo 184 de la
Constitución de la República, dice la
reforma.
Las reformas aprobadas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que otorga inmunidad total a los diputados estrictamente en sus funciones legislativas, según el decreto aprobado, es interpretado por algunos diputados opositores como una mampara para cubrirse de algunos excesos cometidos en la aprobación de otras leyes.
Varios diputados creen que los alcances de la reforma libra de cualquier acción penal a los diputados por actos cometidos dentro de sus funciones legislativas; pero la bancada nacionalista respondió que ese extremo no es cierto.
El artículo principal de la reforma, aprobada por adición, con el apoyo de 88 congresistas, dice que la función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa para los diputados que participen en dicho proceso parlamentario.
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Lo anterior, dice el artículo, es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral 3 de la Constitución, siendo el pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción.
El numeral 3 dice que corresponde al Legislativo emitir su reglamento interior y aplicar las sanciones que en él se establezcan para quienes lo infrinjan.
| Conceptos
-La figura de la inmunidad que existió en el ordenamiento jurídico del país y que protegía a los diputados en todos los ámbitos de sus actuaciones, incluyendo la materia penal, desapareció en el Congreso Nacional dirigido por el expresidente Porfirio Lobo Sosa en el período 2002-2006.
-Según la bancada del Partido Nacional (PN), lo que se aprobó el miércoles fue un fuero legislativo que ya existe en Estados Unidos, México, España, Alemania y Chile para proteger a los diputados de represalias por sus diversas actuaciones en el Poder Legislativo.
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La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, dijo que un sector oscuro del Congreso Nacional dio paso a un pacto de impunidad, que, según su interpretación, los exime de responsabilidad “por fechorías que cometan en la aprobación de leyes”.
El jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), Mario Pérez, expresó que todo lo que el diputado hace dentro de sus funciones, incluyendo la firma en los dictámenes de ley, no debe significar ningún tipo de responsabilidad.
“Esto no tiene que ver con la comisión de otro tipo de delitos, y no tiene nada que ver con la figura de inmunidad que existió en su momento en nuestro ordenamiento jurídico”, subrayó el diputado por Santa Bárbara.
Con la reforma, el diputado que mate a una persona debe ser enjuiciado inmediatamente, dijo Pérez. Lo mismo pasará si un parlamentario comete un delito como hurto y robo.
El diputado de Libertad y Refundación (Libre) Yahvé Sabillón dice que la reforma fue “maquillada”, y el propósito es blanquear todo el dinero que los diputados malversaron de las arcas del Estado. Sabillón dijo que al no tener respaldo para justificar el derroche del dinero se escudaron en la reforma.
