Tegucigalpa.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, dijo ayer al concluir su evaluación sobre las medidas adoptadas por el Estado, para asegurar la independencia de los jueces y otros operadores de justicia, que la separación de poderes en Honduras sigue siendo un enorme reto. García Sayán expresó que las instituciones del Estado están siendo fuertemente cuestionadas por la ciudadanía.
_¿Percibió independencia en el Poder Judicial?
Hoy en día, la independencia del sistema judicial y conceptos democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras.
_¿Qué conclusiones tiene de los encuentros que sostuvo con diferentes sectores de la sociedad?
El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía.
Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo.
_¿Cómo se puede revertir esa percepción de la ciudadanía?
La clase política y las instituciones del Estado solo se pueden legitimar a través de una profunda reforma y fortalecimiento democrático del sistema judicial que mire no solo para mejorar su eficiencia y transparencia, sino también para depurar la administración de la justicia de todas las interferencias y poderes que, en este momento, generan dudas legítimas sobre su independencia e imparcialidad.
_¿Cómo ve el funcionamiento de la Corte Suprema?
Desde mi punto de vista, la Corte Suprema debería centrar su labor en sus funciones jurisdiccionales, absteniéndose de concentrar los aspectos administrativos, los que, requieren especialización en una gerencia con poderes adecuados o en un nuevo Consejo de la Judicatura.
