TEGUCIGALPA. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP) con apoyo técnico de los expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentaron ayer un nuevo caso de investigación penal denominado: “Narcopolítica”.
Luiz Guimarães Marrey, vocero de la Maccih, informó ayer en conferencia de prensa que la Maccih-Ufecic presentó el miércoles ante el Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra doce ciudadanos acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.
Guimarães hizo públicos cinco nombres, entre los que se cuentan exfuncionarios, empresarios y acusados de narcotráfico: Fabio Porfirio Lobo Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), quien cumple condena en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del grupo de narcotráfico Los Cachiros. Además, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exalcalde de la capital y extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi). En el requerimiento también aparece el extitular de la Dirección General de Carreteras, Walter Noé Maldonado Maldonado, y Deysi Marina Zúñiga Méndez, gerente general de la empresa constructora Ingenieros Consultores Hércules Zúniga S. de R. L. (Incohz). El requerimiento incluye a siete personas más, quienes están acusados de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo.
Tras el requerimiento de la Ufecic, el jueves se presentaron ante los Juzgados en Materia de Corrupción, Miguel Pastor, Walter Maldonado y Daysi Zúñiga, a quienes se les dictó detención judicial. Ayer en operativos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en la capital, se capturó a José Manuel Valladares Rosa en la colonia Víctor F. Ardón y a Claudia Marisela Matute Colindres en la colonia Roble Oeste, a quienes se les dictó prisión preventiva.
Caso. El comunicado emitido por la Maccih señala los siguientes puntos:
1. La presente investigación surge a partir de la declaración de Devis Leonel Rivera Maradiaga, hecha ante un juez de los Estados Unidos de América, donde manifiesta que entró en contacto en el año 2009 con el candidato del Partido Nacional, José Porfirio Lobo Sosa, a quien le dio dinero para su campaña electoral y a la vez, este le sugirió que a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado.
2. Para ese fin, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo Sosa nombra en Soptravi como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía; y como director de Carreteras al señor Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa Inrimar, creada por el señor Devis Leonel Rivera Maradiaga, 21 contratos por un monto total de L68,326,690.55, que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa.
3. Estos contratos se otorgaron sin que la empresa Inrimar cumpliera con los requisitos que establece la ley para contratar con el Estado, a través del fraccionamiento de 16 contratos para evitar la licitación pública.
4. Los otros 5 contratos fueron otorgados a través de decretos de emergencia firmados por el señor Porfirio Lobo Sosa en Consejo de Ministros, en razón de la emergencia provocada por la tormenta tropical Agatha.
Sin embargo, en estos decretos de emergencia en principio no se incluyó al departamento de Olancho (que era el lugar en donde supuestamente se iban a desarrollar los contratos por parte de Inrimar, básicamente porque Olancho no había sufrido mayores daños provocados por dicha tormenta), habiéndose incluido posteriormente el departamento de Olancho en una ampliación que se hizo a los decretos de emergencia.
5. Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron e incluso parte del dinero asignado por estos contratos no se cobró si no años después, porque el propósito de la asignación de estos contratos era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa Inrimar, para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de dicha empresa. Incluso, los contratos sirvieron para ponerlos en garantía ante los bancos en donde se tramitaron préstamos a favor de Inrimar.
6. Se tiene evidencia también de la colusión que existió entre los señores Miguel Rodrigo Pastor Mejía y Walter Noé Maldonado Maldonado con los señores Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, ya que se cuenta con documentación que demuestra que el señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía y el señor Walter Noé Maldonado viajaban junto con Fabio Lobo en un helicóptero pagado por el señor Devis Leonel Rivera Maradiaga, durante la campaña electoral y además se tiene evidencia que era el señor Fabio Porfirio Lobo Lobo, quien se encargaba de que los contratos fueran otorgados a Inrimar por parte de Soptravi, aun cuando en esa época no había presupuesto disponible en dicha institución para pagar esos contratos.
7. Cabe mencionar que a pesar de que las obras en su mayoría no se realizaron, falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado, para poder realizar parcialmente los pagos que se efectuaron por el otorgamiento de dichos contratos.
Allanamientos. Ayer desde las 6:00 am, agentes de la Atic, miembros de la Policía Militar y fiscales realizaron dos allanamientos, uno en la casa del exalcalde capitalino en la colonia Ciudad Nueva y el otro en la colonia Las Hadas en la residencia de Walter Maldonado.
Jorge Galindo, vocero de la Atic, dijo que la operación se orientó en buscar evidencias que contribuyan en el caso. Ambos fueron enviados la noche del jueves al Primer Batallón, donde guardan prisión y hoy a las 2:00 pm comparecerán en la audiencia inicial junto a las otras tres personas.
Conferencia. El vocero de la Maccih dijo que ante la entrega voluntaria de tres de los 12 acusados hay indicios que hubo filtración de la información. “La jueza de turno ha determinado sobre esto. Es una conclusión obvia, se presenta el caso que está bajo secreto y poco tiempo después, tres imputados se presentan” .
“Las pruebas son sólidas, se garantiza el debido proceso legal. Las pruebas tienen que ser renovadas en juicio más de una vez. El proceso penal hondureño es complejo, pero hay pruebas suficientes para este caso”, concluyó Guimarães Marrey.
