San Pedro Sula, Honduras.
El Ministerio Público ejecutó este martes la operación Odiseo V con el objetivo de desarticular una red de corrupción policial que opera en la zona norte e insular del país y que además pretende presentar acciones penales contra jueces investigados por delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, vejámenes y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (Feeefs-SJ) en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) interpusieron ante tribunales competentes requerimiento fiscal en contra de al menos seis policías militares implicados en violaciones a derechos humanos y otros ilícitos.
Asimismo agentes de Tribunales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), conjuntamente con la Atic, efectuaron una serie de diligencias investigativas en el Instituto Nacional Agrario (INA) en torno a ocho denuncias sobre irregularidades en la emisión de títulos de propiedad y coacción a empleados para que firmen renuncia de derechos laborales.
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La Fetccop y la Atic decomisarán documentos en varias oficinas estatales del sistema sanitario del país, como parte de las investigaciones por delitos en contra de la salud del pueblo hondureño y de desvío de fondos.
El informe del Ministerio Público señala que a este esfuerzo también se suma la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) en San Pedro Sula por supuestos actos irregulares cometidos por exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) al otorgar contratos millonarios a empresas de la zona norte, sin seguir procedimientos legalmente establecidos.
La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural realizará labores de campo en la mina Grupo Exportador de Minerales de Honduras S, A. (Gemisa), ubicada en el territorio de la Tribu Tolupán de Las Vegas de Tepemechín, Yoro, a fin de garantizar el derecho a sus tierras y recursos naturales como lo establece el Convenio 169 de OIT.
Otra acción será la presentación de un requerimiento fiscal contra los miembros de la Corporación Municipal de La Lima, Cortés, por el delito de abuso de autoridad.
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