Tegucigalpa, Honduras.
Un cambio eventual de la caseta de Yojoa a la comunidad de Caracol significaría que cientos de usuarios que están libres de ese pago tendrían que desembolsarlo, advirtió el gerente de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi), David Palma.
El ejecutivo explicó en una entrevista con LA PRENSA que al hacerse el cambio, la caseta quedaría adelante de los lugares adonde residen muchos habitantes y forzosamente tendrían que pagar el peaje cuando se dirijan al norte o viceversa. La distancia entre el punto adonde está la caseta y el lugar sugerido para hacer el cambio es de 16.2 kilómetros.
Sobre la posibilidad del cambio, Palma respondió: “Nosotros estamos a la espera del Gobierno, de ver cuál es la decisión que se toma”.
¿Qué dice el contrato?
El gerente de Covi explicó que el contrato no prevé mecanismos específicos para este tipo de situación y el camino es llegar a un consenso entre las partes para decidir la parte técnica y el costo de la obra, la que no tendría un valor mayor a los 15 millones de lempiras.
Indicó que lo que tiene mayor costo es el equipo que se requiere para las operaciones.
Datos proporcionados por Palma reflejan que la circulación en los tres peajes es de un promedio de 9,000 vehículos diarios, unos 3.3 millones de automotores anuales.
Los ingresos promedios de Covi son de 20 millones de dólares al año, alrededor de 490 millones de lempiras, y las metas de recaudación siempre han sobrepasado en un promedio del cinco por ciento anual, reveló
Palma en la entrevista.
Según el gerente de Covi, el 50% de los ingresos se destina al pago de deudas con unos tres bancos hondureños. Dijo que la inversión que han hecho en el corredor es de unos 130 millones de dólares.
Otros destinos
De la recaudación total, Covi traspasa un 15%, para las alcaldías adonde están las casetas de peaje.
También pagan un canon a la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) por efectos de supervisión. El único que no recibe ninguna transferencia es el Estado.
La concesionaria también está obligada a pagar el impuesto sobre la renta (ISR).
Durante tres días, LA PRENSA solicitó una opinión del problema a la SAPP, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Un cambio eventual de la caseta de Yojoa a la comunidad de Caracol significaría que cientos de usuarios que están libres de ese pago tendrían que desembolsarlo, advirtió el gerente de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi), David Palma.
El ejecutivo explicó en una entrevista con LA PRENSA que al hacerse el cambio, la caseta quedaría adelante de los lugares adonde residen muchos habitantes y forzosamente tendrían que pagar el peaje cuando se dirijan al norte o viceversa. La distancia entre el punto adonde está la caseta y el lugar sugerido para hacer el cambio es de 16.2 kilómetros.
Sobre la posibilidad del cambio, Palma respondió: “Nosotros estamos a la espera del Gobierno, de ver cuál es la decisión que se toma”.
Lea: En un mes emitirán dictamen sobre futuro del peaje de Yojoa
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Millones de vehículos
Circulan anualmente por las tres casetas de peaje que administra la concesionaria Covi en todo el corredor logístico o CA-5.
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El gerente de Covi explicó que el contrato no prevé mecanismos específicos para este tipo de situación y el camino es llegar a un consenso entre las partes para decidir la parte técnica y el costo de la obra, la que no tendría un valor mayor a los 15 millones de lempiras.
Indicó que lo que tiene mayor costo es el equipo que se requiere para las operaciones.
Datos proporcionados por Palma reflejan que la circulación en los tres peajes es de un promedio de 9,000 vehículos diarios, unos 3.3 millones de automotores anuales.
| El cambio de ubicación de las casetas sigue en suspenso.
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Según el gerente de Covi, el 50% de los ingresos se destina al pago de deudas con unos tres bancos hondureños. Dijo que la inversión que han hecho en el corredor es de unos 130 millones de dólares.
| Circulación
Al menos mil rastras diarias pasan por peaje de Yojoa, según registros de Covi, que sostiene que los accidentes ocurridos son por sobrepeso y velocidad .
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De la recaudación total, Covi traspasa un 15%, para las alcaldías adonde están las casetas de peaje.
También pagan un canon a la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) por efectos de supervisión. El único que no recibe ninguna transferencia es el Estado.
La concesionaria también está obligada a pagar el impuesto sobre la renta (ISR).
Durante tres días, LA PRENSA solicitó una opinión del problema a la SAPP, pero no obtuvo ninguna respuesta.
