Tegucigalpa, Honduras
El Estado otorgó el año anterior más de 39,000 millones de lempiras en concepto de exoneraciones fiscales, una cifra que para el Fondo Monetario Internacional (FMI) resultó muy elevada. El Gobierno se comprometió a reducirla gradualmente.
La cifra es escandalosa al grado que representa el gasto tributario más alto de la región.
La ministra directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, detalló ayer que ese gasto tributario es cercano al 7% del producto interno bruto (PIB), y es una cifra que no puede seguirse otorgando.
“Hemos determinado que se debe hacer una revisión de todo el esquema de exoneraciones”, precisó ayer la funcionaria.
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La meta del Gobierno con el FMI es reducir las exoneraciones en el primer año en unos 5,000 millones de lempiras, según Finanzas.
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Guzmán adelantó que el único rubro que no será objeto de revisión es el referente a la canasta básica de alimentos que contiene cerca de 300 productos libres del impuesto sobre ventas (ISV), y su anuncio es en respuesta a una petición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que estima que solo deben quedar libre de gravámenes de 28 a 30 productos de la canasta de alimentos.
Falta rentabilidad
Guzmán adelantó que la revisión está encaminada a revisar el impuesto sobre la renta (ISR) del que están gozando algunos contribuyentes que no han respondido con la rentabilidad esperada por el Estado al haberles otorgado esa prerrogativa.
Citó entre los casos más relevantes el de una empresa que exporta una cantidad menor al total de los impuestos que el Estado le exonera por ejercer esa actividad.
Indicó que en este caso le sale mejor al Estado entregarle el monto que ellos exportan en lugar de seguirle otorgando el perdón de tributos. Otra empresa, mencionó la ministra, genera pocos empleos y los salarios que paga no llenan las expectativas del Estado en cuanto a los fines para los cuales se le otorgó ese privilegio.
“Cuando hacemos la relación de empleos generados versus la cantidad de impuestos devueltos por exoneración, cada empleo que ellos tienen nos cuesta aproximadamente 80,000 dólares (unos 1.9 millones de lempiras)”. La entrevistada dijo a LA PRENSA que no se trata de una revisión antojadiza, sino de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Código Tributario que ordenan esa revisión.
El presidente del Consejo Hondureño de la empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, se manifestó a favor de eliminar todas las exoneraciones que no son productivas, para que no impacten de forma negativa en las finanzas del Estado.
Dijo que en el análisis también debería incluirse la canasta básica de alimentos, porque se exoneran productos que los pobres no consumen. Se manifestó de acuerdo en mantener las exoneraciones que sí generen empleo y desarrollo económico, sobre todo en la microeconomía.
La empresa privada estima, asimismo, que dos tercios de las exoneraciones fiscales se deben a la dispensa del 15% de la canasta básica que son casi 300 productos, lo que para el Cohep es excesiva, ya que los hondureños de bajos recursos no tienen acceso a ella.
Ante la petición de LA PRENSA de conocer el número de instituciones públicas y privadas que reciben exoneraciones fiscales, la ministra del SAR, Miriam Guzmán, respondió que la ley prohíbe revelar el nombre de los beneficiarios.
Debe aumentarse la lista
La presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalida Irías, rechazó la sugerencia del Cohep de imponer impuestos a decenas de alimentos, porque limitaría a muchos hondureños a adquirir ciertos productos.
Irías dijo que, contrario a esa idea, el Gobierno debería aumentar la lista de productos exonerados, para compensar a los consumidores por todos los impuestos indirectos que paga.
