Presentan nueva denuncia contra magistrada Ingrid Monzón

Tegucigalpa, Honduras.

Los jueces y magistrados de los Tribunales en Materia de Corrupción presentaron una nueva denuncia contra la excoordinadora del Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, Ingrid Ebelinda Monzón, en la que solicitan se le investigue por la reciente compra de una camioneta de lujo Toyota Prado a fin de determinar si la adquisición del automotor está relacionada con sus actuaciones en favor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

Esta nueva denuncia, recepcionada en la Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 8 de abril de 2019, seis días después de la primera nota en la que ponen en autos a sus superiores sobre la supuesta conducta judicial y situaciones irregulares en perjuicio de la administración de justicia de la referida togada, fue suscrita por la mayoría de miembros de ese tribunal especial.

Denunciados. Copias de la nueva denuncia y del registro vehicular de la Toyota Prado nueva. La magistrada Ebelinda Monzón y su prometido Julio Ramírez en una foto de sus redes sociales.

“Recientemente es de nuestro conocimiento que la actual magistrada Ingrid Ebelinda Monzón López inscribió en el Registro de la Propiedad un vehículo de alta gama y de gran valor económico, donde figura como propietaria sin relación de traspasos previos y cuyas características son: Toyota L/C Prado, tipo camioneta, color súper blanco 2, serie de chasis JTEBH9FJ80K211601, con serie de motor 1KD2844871, cilindraje 2982 CC, siete pasajeros, año 2019, placa HAD0760”, cita el documento firmado por los jueces de letras y magistrados de apelaciones del circuito.

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Agregan que “considerando que la conducta de la denunciada fue de abierto favorecimiento a la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y por extensión al abogado Julio César Ramírez Mejía, que no responde necesariamente a criterios de independencia judicial o mera interpretación del derecho, con la fundada sospecha que sus actuaciones responden a intereses ajenos a la administración de justicia, es que pedimos que a través de una investigación independiente se determine si la compra o adquisición de este automotor está relacionada con algunos hechos de la denuncia”.

Monzón López, quien el 10 de diciembre de 2018 fue nombrada en otro cargo como magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil, enfrenta otra denuncia ante la Supervisión General, por supuesta conducta judicial impropia al pretender influir favorablemente en el caso de la ex primera dama, su cuñado Manuel Mauricio Mora y su asistente Saúl Escobar. La antes mencionada fue designada como jueza en las primeras etapas del juicio contra los acusados en el caso de la Caja Chica de la Dama, pero simultáneamente sostenía una relación sentimental con el abogado Julio César Ramírez, defensor de Rosa Elena Bonilla de Lobo, lo cual es contrario a las leyes y la conducta ética de un funcionario judicial.

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Sus excompañeros del circuito acusan a Monzón López de pretender favorecer a la ex primera dama y los demás coprocesados, ” tratando infructuosamente de convencer al resto de la terna de jueces para revocarles la prisión preventiva e imponerles medidas cautelares”.

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2018, cuando se celebró la audiencia de proposición de medios pruebas, la jueza Monzón nuevamente procuró ayudar al defensor, y ahora su prometido, intentando convencer al resto del tribunal de admitir la totalidad de la prueba ofertada por éste.

Hay abogados privados que presionan a jueces para lograr fallos favorables: Rolando Argueta TEGUCIGALPA. El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, reveló ayer que existen investigaciones avanzadas sobre abogados privados que presionan a jueces para lograr fallos favorables a sus clientes. “Exigimos que cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier operador de justicia o cualquier abogado en el ejercicio privado de la profesión que coaccione o amenace a los jueces, rebase los límites de su mandato, sea investigado y sancionado adecuadamente”, dijo. Argueta mencionó que existen muchos profesionales del derecho que siempre andan merodeando, mandando mensajes coercitivos e incluso ofreciendo dádivas a los jueces o empleados judiciales. Por su lado, Anny Ochoa, directora de la Supervisión General de Tribunales confió que desde lo interno del Poder Judicial se investigue la denuncia que se presentó contra de la magistrada Ingrid Ebelinda Monzón, obviamente, respetando el derecho a la defensa. “Serán las declaraciones y las pruebas documentales para ver cuáles fueron sus actuaciones dentro del proceso y si estas realmente favorecieron o no”, dijo. Ochoa ratificó que si ella ( Monzón) cometió una falta, se tomarán las medidas disciplinarias y correctivas para tener funcionarios que se sometan solamente a la Constitución y las leyes.