Tegucigalpa, Honduras.
Al tope se encuentran los centros penitenciarios El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, El Progreso, en Yoro, y el de Tela, Atlántida.
El hacinamiento que se da en los establecimientos penales originó que los jueces de ejecución de San Pedro Sula y El Progreso emitieran una resolución para suspender el ingreso de más reos a estos centros porque ya no cabe ni uno más.
La realidad
El incremento de la población penitenciaria en Honduras es del 100%, desde la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal en 2013.
El catálogo de delitos se amplió a 21 y no se pueden aplicar medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva.
Las medidas desjudicializadoras, como el criterio de oportunidad, conciliación, procedimiento abreviado, suspensión de persecución penal, persecución de ejecución de la pena, entre otras, no se ponen en práctica y dan lugar al congestionamiento de las cárceles. “Constituye especial preocupación para el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura las tasas de hacinamiento que reviste en la actualidad el sistema penitenciario nacional”.
Ante esa realidad, los jueces de ejecución de San Pedro Sula emitieron una resolución judicial en la que ordenan al director de ese recinto carcelario que se abstenga de recibir nuevos ingresos en dicho centro, en virtud que la capacidad a ese momento sobrepasaba las 2,100 personas privadas de libertad y su capacidad real era para 1,450”, explicó Glenda Ayala, comisionada del Conaprev.
En El Pozo se recomendó que los reos que estaban en el área de requisa fueran trasladados con base a la resolución judicial, petición que el
Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha cumplido en forma parcial. Tanto jueces como
Conaprev y organizaciones de derechos humanos comprobaron que sigue habiendo internos en esa área.
Para German McNiel, la sobrepoblación no es exclusiva de Honduras. “El hacinamiento no es exclusivo de Honduras, ocurre en América Latina y le estamos dando la importancia necesaria para contrarrestar esta situación.
Como solución aparte de la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios se toman otras medidas, como el grillete electrónico y las audiencias virtuales. Se hacen esfuerzos para la rehabilitación de los internos para que puedan reinsertarse en la sociedad”, explicó el subdirector del INP.
Los jueces de ejecución piden que se informe de los traslados que se hacen de los reos porque se ocasionan retrasos en las audiencias. “En Ilama hay serios problemas, la gente pasa encerrada las 24 horas sin actividad que los lleve a la rehabilitación. Han mejorado algunas cosas, vehículos para movilización, pero la logística no da abasto para la cantidad de población penitenciaria”, dijo López.
Un estudio de diciembre de 2018 reveló que hay 1,097 presos con penas menores de cinco años en las prisiones, los que podrían tener un tratamiento diferente para descongestionar las cárceles, pero urge tomar acciones para evitar la sobrepoblación carcelaria.
Al tope se encuentran los centros penitenciarios El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, El Progreso, en Yoro, y el de Tela, Atlántida.
El hacinamiento que se da en los establecimientos penales originó que los jueces de ejecución de San Pedro Sula y El Progreso emitieran una resolución para suspender el ingreso de más reos a estos centros porque ya no cabe ni uno más.
Lea: Reos peligrosos en Honduras pasan del paraíso al infierno con nueva cárcel
Aseguran que se ha superado la capacidad, por lo que la restricción de los jueces se fundamenta en que, por ejemplo, en celdas destinadas para ocho personas hay de 14 a 15 albergados. A esto se suma que muchos de los presos han sido enviados a cárceles fuera de su jurisdicción y cuando son las audiencias deben ser alojados en otros presidios. Esto está afectando especialmente al penal de El Progreso, es el que está recibiendo a los reos cuyos casos se ventilan en San Pedro Sula, adonde el penal fue cerrado.
“Hay un colapso en los penales y es evidente en Ilama, El Progreso y Tela. Cada fin de semana se moviliza para El Progreso a privados de libertad para que acudan a las audiencias en San Pedro Sula. Eso ha acarreado más gasto al Estado porque el interno que está lejos hay que estarlo trayendo. El día de visitas se complica también la situación. Por ejemplo, en Támara que hay más de cinco mil reos, las visitas de fines de semana triplican la población porque cada preso tiene derecho a tres visitas”, explicó Mildred López, jueza de ejecución en El Progreso, Yoro.
Lea: JOH: 'Las cárceles son insuficientes para tanto criminal capturado'
| Problemas de piel presentan los reos ante la falta de espacio y agua en Ilama.
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El incremento de la población penitenciaria en Honduras es del 100%, desde la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal en 2013.
El catálogo de delitos se amplió a 21 y no se pueden aplicar medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva.
Las medidas desjudicializadoras, como el criterio de oportunidad, conciliación, procedimiento abreviado, suspensión de persecución penal, persecución de ejecución de la pena, entre otras, no se ponen en práctica y dan lugar al congestionamiento de las cárceles. “Constituye especial preocupación para el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura las tasas de hacinamiento que reviste en la actualidad el sistema penitenciario nacional”.
Ante esa realidad, los jueces de ejecución de San Pedro Sula emitieron una resolución judicial en la que ordenan al director de ese recinto carcelario que se abstenga de recibir nuevos ingresos en dicho centro, en virtud que la capacidad a ese momento sobrepasaba las 2,100 personas privadas de libertad y su capacidad real era para 1,450”, explicó Glenda Ayala, comisionada del Conaprev.
| La alimentación es deficiente. Para cada recluso se destinan 170 lempiras diarios.
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Para German McNiel, la sobrepoblación no es exclusiva de Honduras. “El hacinamiento no es exclusivo de Honduras, ocurre en América Latina y le estamos dando la importancia necesaria para contrarrestar esta situación.
Como solución aparte de la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios se toman otras medidas, como el grillete electrónico y las audiencias virtuales. Se hacen esfuerzos para la rehabilitación de los internos para que puedan reinsertarse en la sociedad”, explicó el subdirector del INP.
Los jueces de ejecución piden que se informe de los traslados que se hacen de los reos porque se ocasionan retrasos en las audiencias. “En Ilama hay serios problemas, la gente pasa encerrada las 24 horas sin actividad que los lleve a la rehabilitación. Han mejorado algunas cosas, vehículos para movilización, pero la logística no da abasto para la cantidad de población penitenciaria”, dijo López.
Un estudio de diciembre de 2018 reveló que hay 1,097 presos con penas menores de cinco años en las prisiones, los que podrían tener un tratamiento diferente para descongestionar las cárceles, pero urge tomar acciones para evitar la sobrepoblación carcelaria.
| Jueces de ejecución y defensores en una inspección a la cárcel de El Pozo en Ilama.
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