Tegucigalpa, Honduras.
Las soñadas reformas a las Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) fueron aprobadas en su totalidad y ratificadas en acta, quedando pendiente únicamente su publicación en el diario oficial La Gaceta, para que entren en vigor y sirvan de motor a la comisión interventora de esa dependencia de Estado que tiene listo un plan de acción para hacer cambios profundos en el sistema de identificación nacional.
Las modificaciones a la ley ordenan a la comisión interventora del RNP la compra de un software valorado en unos 179 millones de lempiras, que es la base para poner en marcha el nuevo proyecto de identificación nacional.
Las reformas forman parte de un paquete de leyes orientado a promover una metamorfosis en el vetusto esquema electoral que le ha hecho grandes daños al sistema democrático, especialmente en la última década, pero sobre todo en los últimos comicios.
Antes de las reformas a la Ley del RNP, el Legislativo aprobó modificaciones constitucionales para crear el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sustituirá al actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que será la instancia para interponer recursos cuando un candidato a un cargo de elección popular no esté conforme con el resultado de un proceso eleccionario. Las reformas se lograron luego de un acuerdo entre las tres principales fuerzas del Congreso Nacional: Partido Nacional (PN), Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal (PL).
Tres votos en contra. Según el registro electrónico del Poder Legislativo, de los 108 diputados presentes (son 128), solo tres de los cuatro congresistas del Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-Sd) votaron en contra, bajo el argumento que no les suministraron el dictamen a tiempo para hacer un análisis a profundidad.
El principal reto de las autoridades del RNP es poner en marcha el nuevo Proceso de Identificación Nacional (PIN), el cual se ejecutará a un costo estimado de 50 millones de dólares, unos 1,225 millones de lempiras.
En el proceso ya dan su apoyo técnico y económico varios organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Las reformas ordenan una exhaustiva depuración del censo electoral, comenzando por la eliminación de nombres de personas que ya fallecieron y aún aparecen activas para votar.
En apoyo a esa depuración, una vez que entren en vigor las reformas, los familiares de los fallecidos y otras instituciones que estén relacionadas de alguna manera como el fallecido tendrán un plazo de tres meses para reportar las muertes, de lo contrario pagarán una multa que se dará a conocer en el próximo reglamento de la ley. Las modificaciones crean la figura del expediente de vida, para la inscripción de fallecimientos y otros datos como los matrimonios y divorcios.
| Problemas de fondo tienen reformas La jefa de la bancada del Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-Sd), Doris Gutiérrez, explicó que tres diputados de esa organización se opusieron a las reformas de la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) porque estas encarnan problemas de forma y de fondo.Gutiérrez explicó que la primera razón es que la comisión de dictamen del proyecto fue integrada por diputados de todas las bancadas, excepto del Pinu-sd. La segunda razón, según Gutiérrez, es que el dictamen del proyecto se los entregaron unas horas antes de comenzar la discusión de la ley.La diputada también justificó los votos en contra, porque en las reformas se autoriza una compra directa, cuyos términos de referencia no están muy claros y de una u otra forma violentan la Ley de Contratación del Estado. Ademas, añadió la Congresista, las reformas no resuelven la problemática de más de medio millón de inconsistencias que tiene el registro civil y una serie de problemas que tienen los hondureños que viven en el extranjero.La otra razón es que con las reformas se repartió el RNP entre nacionalistas, liberales y libres.
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