Tegucigalpa, Honduras
El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción determinó suspender el juicio de Rosa Elena de Lobo y de dos implicados más en el caso la 'caja chica de la dama', en Tegucigalpa.
Según el tribunal, el abogado defensor de Saúl Escobar Puerto, uno de los implicados en el caso, no se presentó al juicio porque el acusado hizo la solicitud de defensa pública ante el juez debido a que no tiene recursos económicos para seguir pagando a su abogado privado.
Tras considerarse el abandono de su defensa, el juez suspendió el juicio y a su vez ordenó enviar una carta al Colegio de Abogados para suspender por tres meses al profesional argumentando que esto atrasa el proceso.
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Se está a la espera del nombramiento de un abogado público para que tome el caso de Escobar Puerto.
El juicio se reanudará el 6 de febrero a las 9:00 de la mañana y durará hasta el 5 de marzo.
Caso: 'Caja chica de la dama'
Escobar Puerto es señalado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos y asociación ilícita.
Sería el tercer implicado en caso 'Caja chica de la dama'. Este hondureño fungió como secretario privado de la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
El detenido tenía pleno conocimiento de la ilegalidad en que incurría la ex primera dama al sustraer fondos públicos mediante contratos falsos.
El exsecretario privado, quien también fungió como titular del desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), “participó en actividades ilícitas que favorecieron el lavado de activos”, revela el requerimiento fiscal emitido la semana anterior.
Escobar fue un hombre que gozó de toda la confianza de la ex primera dama y según el requerimiento era el encargado de firmar los contratos de zapatos y demás documentos relacionados a fin de justificar las erogaciones de dinero.
Con órdenes de Rosa Elena Bonilla, Escobar Puerto hacía firmar cheques y documentos a terceros, simulando que estas personas eran proveedores o contratistas que vendían productos al Despacho de la Primera Dama.
Muchos de estos supuestos proveedores ahora son testigos protegidos del Ministerio Público en este proceso judicial.
