San Pedro Sula, Honduras
Las empresas hondureñas, que en la última década han sorteado difíciles ciclos económicos, recibirán 2019 soportando la misma carga de pagos tributarios y aportaciones obligatorias que limita sus operaciones y, en consecuencia, impide la creación de nuevas plazas laborales.
Desde 2016, de acuerdo con el Banco Mundial (BM), las empresas entregan en impuestos, tasas municipales y aportes parafiscales un promedio equivalente al 44% de sus ganancias.
En una década, los diferentes Gobiernos tomaron medidas benevolentes para aliviar este peso con el objeto de darles más capacidad de inversión y creación de empleo. La redujeron de 51.4% (2008) a 43% (2014).
En los últimos cuatro años, el sistema tributario estrenó (en 2017) un Código y una institución recaudadora, el Servicio de Administración de Rentas (Sar), pero no mermó la presión fiscal.
El informe Doing Business 2019 Medición de las regulaciones de negocios, publicado por el BM hace unas semanas, indica que en Honduras las empresas desembolsan el 44.4%, mientras en Panamá (la economía que más crece) transfieren el 37.2% y en Guatemala el 35.2%.
El porcentaje hondureño, de acuerdo con los análisis del BM, está compuesto por los impuestos captados por Sar, tasas establecidas en el plan de arbitrios de las municipalidades y aportaciones al Régimen de Aportaciones Privadas (Rap) e Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Dado a que Honduras no ha logrado combatir el desempleo, la empresa privada solicita la reducción de impuestos y eliminación de algunas tasas municipales.
Motivos
Porque esa alta presión tributaria “desincentiva la inversión y hace más costosos los negocios”, dice Jorge Colindres, analista de políticas públicas y asesor del Bufete Corporativo de Emprendimiento e Innovación.
“Para reducir ese porcentaje, que en muchas empresas puede llegar al 60%, es necesario revisar las tasas municipales. Y es técnica y políticamente viable revisar el impuesto sobre la renta (ISR)”, sugiere.
“En Honduras debemos reemplazar los impuestos sobre ganancias de capital, aportación solidaria, activo neto y el ISR, por el monotributo, para tener un solo impuesto, fácil de calcular y fácil de pagar”.
El Gobierno, según Colindres, debe emular las medidas fiscales instauradas en los últimos dos años en Estados Unidos, Austria e Irlanda, las cuales han impulsado el crecimiento económico.
En Estados Unidos, durante el tercer trimestre, el producto interno bruto (Pib) alcanzó un crecimiento de 3.5%, según el Departamento de Comercio, gracias a la reducción de impuestos a las empresas.
Donald Trump promovió una reforma fiscal basada en la teoría de la Curva de Laffer (del economista Arthur Laffer), la cual plantea que la recaudación fiscal experimenta un descenso cuando la carga tributaria supera el punto máximo permisible por la economía.
Rafael Medina, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), está seguro que si el Gobierno reduce el ISR, “las empresas tendrán más recursos para invertir y crear nuevos empleos”.
Esta disminución, considera, motivará a muchas empresas a legalizar sus operaciones y, de esta manera, “el Gobierno captará más impuestos”. El Congreso, sugiere, debe revisar “a la baja” el ISV “para que los consumidores ganen mayor capacidad de compra y la economía logre un mayor crecimiento”.
El Gobierno, según Medina, debe en 2019 ejecutar “cuatro acciones: escribir una nueva ley de ISV, una nueva ley ISR, derogar las reformas y contrareformas de una ley que data de muchos años y establecer la defensoría del obligado tributario”. Hasta ahora, el Gobierno no ha planteado ninguna reducción fiscal para el año próximo porque la administración central ha proyectado un presupuesto anual con los porcentajes actuales.
Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en 2019, el Presupuesto General de la República será financiado en un 71% con dinero derivado de los impuestos pagados por las empresas y todos los hondureños.
Sergio Moreno, catedrático en impuestos en posgrado en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), advierte que la situación para las empresas “es más grave”. “La carga impositiva de las empresas no solo es el porcentaje que pagan en impuestos, sino que también es el costo que implica el cumplimiento de las mismas.
El caso más gravoso se da en el nivel municipal, donde, para obtener un permiso de operación deben cumplir diferentes requisitos que los alcaldes han puesto de forma arbitraria, pues la ley indica que la empresa solo deberá presentar y pagar lo que corresponde al impuesto de industria, comercio y servicio”, ejemplifica. Moreno explica que esto, indiscutiblemente “disminuye la capacidad de creación de empleo, disminuye la capacidad para el mantenimiento de los mismos y no permite la expansión de la economía”.
Las empresas hondureñas, que en la última década han sorteado difíciles ciclos económicos, recibirán 2019 soportando la misma carga de pagos tributarios y aportaciones obligatorias que limita sus operaciones y, en consecuencia, impide la creación de nuevas plazas laborales.
Desde 2016, de acuerdo con el Banco Mundial (BM), las empresas entregan en impuestos, tasas municipales y aportes parafiscales un promedio equivalente al 44% de sus ganancias.
En una década, los diferentes Gobiernos tomaron medidas benevolentes para aliviar este peso con el objeto de darles más capacidad de inversión y creación de empleo. La redujeron de 51.4% (2008) a 43% (2014).
En los últimos cuatro años, el sistema tributario estrenó (en 2017) un Código y una institución recaudadora, el Servicio de Administración de Rentas (Sar), pero no mermó la presión fiscal.
El informe Doing Business 2019 Medición de las regulaciones de negocios, publicado por el BM hace unas semanas, indica que en Honduras las empresas desembolsan el 44.4%, mientras en Panamá (la economía que más crece) transfieren el 37.2% y en Guatemala el 35.2%.
El porcentaje hondureño, de acuerdo con los análisis del BM, está compuesto por los impuestos captados por Sar, tasas establecidas en el plan de arbitrios de las municipalidades y aportaciones al Régimen de Aportaciones Privadas (Rap) e Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Dado a que Honduras no ha logrado combatir el desempleo, la empresa privada solicita la reducción de impuestos y eliminación de algunas tasas municipales.
 Diariamente, entre 100 y 150 personas visitan las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de Honduras (Senaeh) en San Pedro Sula en busca de una plaza laboral. Las empresas de la costa norte generan empleos, pero no la cantidad suficiente para absorber la población desocupada. La Secretaría del Trabajo estima que el desempleo en Honduras se redujo en 2018 a 6.7%. En 2017 era de 7.3%.
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Porque esa alta presión tributaria “desincentiva la inversión y hace más costosos los negocios”, dice Jorge Colindres, analista de políticas públicas y asesor del Bufete Corporativo de Emprendimiento e Innovación.
“Para reducir ese porcentaje, que en muchas empresas puede llegar al 60%, es necesario revisar las tasas municipales. Y es técnica y políticamente viable revisar el impuesto sobre la renta (ISR)”, sugiere.
“En Honduras debemos reemplazar los impuestos sobre ganancias de capital, aportación solidaria, activo neto y el ISR, por el monotributo, para tener un solo impuesto, fácil de calcular y fácil de pagar”.
El Gobierno, según Colindres, debe emular las medidas fiscales instauradas en los últimos dos años en Estados Unidos, Austria e Irlanda, las cuales han impulsado el crecimiento económico.
En Estados Unidos, durante el tercer trimestre, el producto interno bruto (Pib) alcanzó un crecimiento de 3.5%, según el Departamento de Comercio, gracias a la reducción de impuestos a las empresas.
Donald Trump promovió una reforma fiscal basada en la teoría de la Curva de Laffer (del economista Arthur Laffer), la cual plantea que la recaudación fiscal experimenta un descenso cuando la carga tributaria supera el punto máximo permisible por la economía.
Rafael Medina, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), está seguro que si el Gobierno reduce el ISR, “las empresas tendrán más recursos para invertir y crear nuevos empleos”.
Esta disminución, considera, motivará a muchas empresas a legalizar sus operaciones y, de esta manera, “el Gobierno captará más impuestos”. El Congreso, sugiere, debe revisar “a la baja” el ISV “para que los consumidores ganen mayor capacidad de compra y la economía logre un mayor crecimiento”.
El Gobierno, según Medina, debe en 2019 ejecutar “cuatro acciones: escribir una nueva ley de ISV, una nueva ley ISR, derogar las reformas y contrareformas de una ley que data de muchos años y establecer la defensoría del obligado tributario”. Hasta ahora, el Gobierno no ha planteado ninguna reducción fiscal para el año próximo porque la administración central ha proyectado un presupuesto anual con los porcentajes actuales.
Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en 2019, el Presupuesto General de la República será financiado en un 71% con dinero derivado de los impuestos pagados por las empresas y todos los hondureños.
Sergio Moreno, catedrático en impuestos en posgrado en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), advierte que la situación para las empresas “es más grave”. “La carga impositiva de las empresas no solo es el porcentaje que pagan en impuestos, sino que también es el costo que implica el cumplimiento de las mismas.
El caso más gravoso se da en el nivel municipal, donde, para obtener un permiso de operación deben cumplir diferentes requisitos que los alcaldes han puesto de forma arbitraria, pues la ley indica que la empresa solo deberá presentar y pagar lo que corresponde al impuesto de industria, comercio y servicio”, ejemplifica. Moreno explica que esto, indiscutiblemente “disminuye la capacidad de creación de empleo, disminuye la capacidad para el mantenimiento de los mismos y no permite la expansión de la economía”.
