Roberto Dip, empresario, dirigente deportivo y político de La Ceiba, acusado en Estados Unidos de tramar de manera ilegal aumento a los costos de envío de carga de esa nación a varios países, incluyendo a Honduras, se declarará culpable de los cargos que se le imputan, publicó ayer el periódico The News Orleans Advocate.
| Sépalo
La autoridades del Partido Liberal están socializando el sustituto que ocupará la regiduría de Roberto Dip.
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De acuerdo con lo publicado por el portal, los registros judiciales muestran que Roberto Dip y uno de sus empleados (Jason Handal) tienen la intención de admitir las faltas enunciadas en un informe de cuatro páginas que los fiscales presentaron contra ambos el mes pasado.
El empresario ceibeño y su colaborador resolverán su caso en el tribunal federal de Miami, adonde fueron arrestados inicialmente el 29 de junio por acusaciones de violar las leyes antimonopolio, en lugar de en Nueva Orleans, donde se presentaron los documentos judiciales.
Para Dip, presidente del Club Deportivo Vida de la Liga Nacional de Fútbol Profesional en Honduras, “todo parecía funcionar como lo hacía el viernes por la mañana, mientras hablaba ...No está claro qué tipo de castigo pueden enfrentar los dos. Podrían haber enfrentado hasta 10 años en prisión, así como una multa de $1 millón si hubieran sido condenados en el juicio, pero los acusados suelen recibir castigos que son más ligeros que el máximo si se declaran antes de eso”, explica el periódico digital. El también regidor municipal es el propietario de la compañía naviera Dip Shipping CO. Según los federales, Dip y los jefes de otras organizaciones se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, en marzo de 2014, para concretar un acuerdo para aumentar los precios que sus empresas cobraban a los clientes con sede en los Estados Unidos para enviar carga.
El Gobierno estadounidense considera que los acuerdos son malos para los consumidores y están prohibidos por la ley federal.
Dip fue acusado de escribir un correo electrónico que describía explícitamente el pacto como ilícito e instruyó a los empleados como Handal a tener cuidado de no dejar evidencia. Las grabaciones de audio, además de los correos electrónicos, finalmente terminaron en manos de un agente del FBI con sede en Nueva Orleans.
