La Justicia de Honduras impuso hoy prisión preventiva al exsubcomisionado de la Policía José Elías Bustillo y dos agentes, acusados de cohecho y asociación ilícita en un caso de sobornos que involucra al comisionado Lorgio Oquelí Mejía, informó una fuente oficial.
La portavoz del Juzgado de Letras de lo Penal en Tegucigalpa, Bárbara Castillo, dijo a periodistas que ese tribunal decretó 'auto de formal procesamiento y prisión preventiva' a Bustillo y a los policías José Rolando Chávez y Mairon Nahomed Ibarra, por lo que seguirán en prisión.
El antiguo subcomisionado y los agentes fueron detenidos el 9 de octubre y son acusados por los delitos de cohecho y asociación ilícita, según la acusación del Ministerio Público.
También lea: Fuertes lluvias siguen provocando inundaciones y daños en el país
Por este mismo caso es señalado el comisionado Lorgio Oquelí Mejía, a quien las autoridades hondureñas buscan y la semana pasada le congelaron más de una treintena de bienes para que no puedan ser vendidos ni traspasados.
Según análisis económicos realizados a Mejía, 'no se justifican más de 17 millones de lempiras (701.899 dólares) en su patrimonio, y no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, de 55.395 lempiras (2.287 dólares)', indicó la semana anterior el Ministerio Público hondureño en un comunicado.
En total son acusados seis policías activos y tres que fueron cesados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según investigaciones, entre 2012 y 2015 miembros de la Policía hondureña asignados al departamento de Choluteca (sur), fronterizo con Nicaragua, 'solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos'.
'Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca', señala la investigación.
De acuerdo con las investigaciones, los pagos se realizaban 'en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos en Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH)'.
'Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI)', según el Ministerio Público de Honduras.
