Tegucigalpa, Honduras.
José Francisco Quiroz Mejía, acusado de 93 delitos de malversación de caudales públicos, y Liliam Emelina Maldonado Sierra, es acusado por 67 delitos de malversación de caudales públicos.
Los exmiembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes son señalados por más de 600 delitos de corrupción por el desvío de 13.5 millones de lempiras, salieron de prisión este sábado.
Los imputados ahora podrán defenderse en libertad, excepto uno de ellos que paga una pena por otro proceso.
El Juzgado Penal en Materia de Corrupción elevó el caso a juicio oral y público en el proceso instruido a los exconsejeros de la Judicatura y la Carrera Judicial.
El juicio lo tendrán que enfrentar el expresidente de la CSJ Jorge Rivera Avilés, a quien se le considera responsable de la comisión de 60 delitos de malversación de causales públicos y 131 delitos de abuso de autoridad.
'Han confundido un asunto administrativo con la materia penal (...) salgo tranquilo de prisión pues no puedo quejarme de la comida y el trato', expresó Rivera.
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Teodoro Bonilla es supuesto responsable de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad y que ya fue sentenciado en el caso Shalom. (Bonilla no podrá salir de prisión porque fue sentenciado ya por otro proceso).
Julio César Barahona Henríquez es acusado de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos.
 Imágenes del Primer Batallón de Infantería.
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Por último se encuentra Celino Arístides Aguilera, supuesto responsable de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
'Le envío un saludo a mis compañeros de cárcel pues no es fácil estar encerrado', manifestó antes de salir de prisión.
La resolución determinó que se remitan todas las diligencias junto con los medios de prueba al Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, donde les dictarán sentencia.
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Carlos Silva, vocero de la Corte, aseguró que las partes procesales y los momentos oportunos durante las audiencias que se llevaron a cabo ante el Juzgado en Materia de Corrupción eran suficientes para presentar los argumentos necesarios.
En ese sentido, la jueza decidió, con base en las garantías que se deben dar a todas las partes, que correspondía elevar la causa a juicio oral y público, por lo tanto será el Tribunal de Sentencia a través de sus jueces el que estará conociendo esta causa.
