Tegucigalpa, Honduras
El Gobierno de la República rechazó ayer las conclusiones de un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en el que se denuncia una serie de supuestas irregularidades en la concesión y ejecución del Corredor Turístico.
“Queremos ser enfáticos. Todas las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales vinculadas a este proyecto, rechazamos de forma categórica los argumentos planteados en torno a supuestos actos irregulares, sobrevaloración de la obra o negligencia”, dijo Ignacio Williams, Superintendente de Alianzas Público Privadas.
La ASJ tuvo falta de rigurosidad en la investigación y en la elaboración del informe, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa.
Indicó que la quema de las casetas de peaje durante la crisis política “inviabilizó el cobro del peaje, lo cual obligó al pago del ingreso mínimo anual garantizado tal y como está establecido en el contrato”.
El proyecto del Corredor Turístico tiene un desfase derivado de causas externas ajenas al concesionario y al Estado, es decir, las vinculadas a acontecimientos políticos que afectaron la continuidad del mismo como la quema de las casetas de peaje y que estaban consideradas en el contrato como prepago por la inversión, justificó.
En la conferencia de prensa participaron representantes de Coalianza, la Superintendencia de Alianzas Público Privadas, Invest-HN, la Secretaría de Finanzas, representantes de banco Ficohsa como estructurador del crédito, Corporación Internacional para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), y Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) que es la agencia de calificación de riesgo del Banco Mundial.
