Tegucigalpa, Honduras.
Al menos durante la próxima semana se extenderá la estadía en prisión de los exconsejeros del extinto Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial.
La Sala Constitucional admitió ayer las demandas de amparo presentadas por la defensa técnica de los exfuncionarios.
Pero esto no significa que los exconsejeros quedarán libres. La Sala dejó pendiente la suspensión del acto reclamado, es decir, de las medidas de privación de libertad que están purgando.
El pronunciamiento se hará después, una vez que sean enviados los antecedentes por parte del Juzgado de Letras y Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción.
El Ministerio Público acusa a los exfuncionarios judiciales de cometer unos 600 delitos y se les supone responsables de haber desviado 13.5 millones de lempiras cuando estuvieron en funciones.
Guarda prisión en el primer Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas (FF AA) desde el miércoles anterior el expresidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Jorge Rivera Avilés.
También el exvicepresidente de la desaparecida entidad Teodoro Bonilla, quien cumple condena por el caso Shalom. En las celdas frías de Primer Batallón también están presos los exconsejeros José Francisco Quiroz y Celino Aguilera.
El único que sigue en libertad es Julio Barahona, quien solicitó un permiso a la jueza para presentarse después, por problemas personales.La exconsejera Liliam Maldonado guarda prisión en una celda especial de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Támara.
Los apoderados de los seis exfuncionarios, quienes fueron encargados de aplicar la justicia en Honduras, estaban a la expectativa de la resolución debido a que pujaban para que sus clientes recuperen la libertad.
Revisión
Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, explicó ayer que la Sala Constitucional solicitó los antecedentes del caso a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Lo mismo hizo con el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción para que en un plazo de 24 horas remita los expedientes y los antecedentes de todo el proceso llevado.
Una vez hecha la revisión de la documentación se referirán sobre si procede o no la petición del acto reclamado en el amparo, que tiene como fin la libertad de los exfuncionarios del Poder Judicial.
Silva detalló que el plazo vence hasta próximo lunes, ya que las 24 horas son en días hábiles y como ayer era viernes, el sábado y domingo no abarcan el tiempo.
Según el vocero judicial, los magistrados consideraron que los seis amparos presentados por las defensas están bien sustentados y, por eso, determinaron conocer en detalle todas las acciones que se han desarrollado en todo el proceso.
Al menos durante la próxima semana se extenderá la estadía en prisión de los exconsejeros del extinto Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial.
La Sala Constitucional admitió ayer las demandas de amparo presentadas por la defensa técnica de los exfuncionarios.
Pero esto no significa que los exconsejeros quedarán libres. La Sala dejó pendiente la suspensión del acto reclamado, es decir, de las medidas de privación de libertad que están purgando.
El pronunciamiento se hará después, una vez que sean enviados los antecedentes por parte del Juzgado de Letras y Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción.
El Ministerio Público acusa a los exfuncionarios judiciales de cometer unos 600 delitos y se les supone responsables de haber desviado 13.5 millones de lempiras cuando estuvieron en funciones.
Guarda prisión en el primer Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas (FF AA) desde el miércoles anterior el expresidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Jorge Rivera Avilés.
También el exvicepresidente de la desaparecida entidad Teodoro Bonilla, quien cumple condena por el caso Shalom. En las celdas frías de Primer Batallón también están presos los exconsejeros José Francisco Quiroz y Celino Aguilera.
El único que sigue en libertad es Julio Barahona, quien solicitó un permiso a la jueza para presentarse después, por problemas personales.La exconsejera Liliam Maldonado guarda prisión en una celda especial de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Támara.
Los apoderados de los seis exfuncionarios, quienes fueron encargados de aplicar la justicia en Honduras, estaban a la expectativa de la resolución debido a que pujaban para que sus clientes recuperen la libertad.
Revisión
Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, explicó ayer que la Sala Constitucional solicitó los antecedentes del caso a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Lo mismo hizo con el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción para que en un plazo de 24 horas remita los expedientes y los antecedentes de todo el proceso llevado.
Una vez hecha la revisión de la documentación se referirán sobre si procede o no la petición del acto reclamado en el amparo, que tiene como fin la libertad de los exfuncionarios del Poder Judicial.
Silva detalló que el plazo vence hasta próximo lunes, ya que las 24 horas son en días hábiles y como ayer era viernes, el sábado y domingo no abarcan el tiempo.
Según el vocero judicial, los magistrados consideraron que los seis amparos presentados por las defensas están bien sustentados y, por eso, determinaron conocer en detalle todas las acciones que se han desarrollado en todo el proceso.
