Tegucigalpa.
Honduras requiere de apoyo internacional para atajar las causas del desplazamiento forzado, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ( Acnur), que asegura que el reclutamiento de las pandillas, la extorsión y la violencia son motivos que obligan a hondureños a dejar sus hogares.
'El Estado está en este momento estableciendo las bases, pero necesita más tiempo para tener una capacidad de respuesta operativa y eso no coincide con los niveles de afectación de la población, lo que queda en ese vacío es el apoyo de sociedad civil y comunidad internacional', dijo la jefa interina de Acnur en Honduras, Lorena Nieto, a Efe en una entrevista.
Enfatizó que la sociedad civil y la comunidad internacional deben 'atender ese vacío mientras el Estado logra de establecer las bases adecuadas para generar una respuesta' a las personas que huyen del país y piden refugio en otras naciones.
Destacó la importancia de hacer visible el fenómeno, su magnitud y los sectores más afectados, para garantizar un resultado efectivo de las estrategias de intervención.
Nieto insistió en que el Estado hondureño 'no tiene todavía las bases, los recursos, las políticas y los marcos legales' para atender a los desplazados forzados, pese a que 'es su responsabilidad'.
Señaló que la falta de cifras reales sobre desplazados forzados por la violencia es 'una limitante' para obtener financiación, porque 'no tenemos como evidenciar una crisis humanitaria o de protección'.
Un total de 59.788 hondureños han solicitado asilo en los últimos años, mientras que a 14.427 se les reconoce como refugiados, señaló la representante de Acnur.
Precisó que la mayoría de quienes huyen de Honduras buscan protección en Estados Unidos, Canadá y México, y en menor número en Costa Rica.
Destacó que el aumento en el número de hondureños solicitantes de refugio supone que las personas en Honduras 'no están logrando acceder a mecanismos de protección efectiva', por lo que su alternativa 'sigue siendo huir del país y busca protección internacional'.
Nieto expresó su preocupación ante la 'limitada' protección internacional a la que tienen acceso los desplazados forzados y la poca 'capacidad institucional' de Honduras.
Honduras ha demostrado 'avances' en la temática al asignar el año pasado 13 millones de lempiras (538.748 dólares), pero su 'capacidad operativa de respuesta todavía no está instalada', señaló.
Lamentó que la política de seguridad del Estado 'no incorpora acciones de protección', porque eso tiene 'un efecto secundario' en la población ante la reacción de las bandas criminales por averiguar quienes llevaron a las fuerzas estatales a la zona.
'Las operaciones de saturación son fundamentales, hay que mantenerlas, pero tienen que ir acompañadas con una estrategia de protección (...) que permita que se mantenga el control, pero adicionalmente que la población acceda a una respuesta social efectiva y eso no está pasando', explicó la funcionaria de Acnur.
Según un informe presentado el miércoles por Acnur y el estatal Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, cerca de 700 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en Honduras en 2017.
Muchos de los desplazados son familias completas, y según sus testimonios, están huyendo por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes, añade el informe.
La funcionaria de Acnur indicó que en los últimos años los niños y jóvenes estudiantes están 'siendo afectados' de forma directa por la violencia que afecta al país, que a diario registra un promedio de once asesinatos perpetrados, en su mayoría, por las pandillas y bandas del crimen organizado.
A las familias y estudiantes se suman como sectores más afectados los transportistas, los comerciantes y los docentes, indicó la funcionaria de Acnur.
Honduras requiere de apoyo internacional para atajar las causas del desplazamiento forzado, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ( Acnur), que asegura que el reclutamiento de las pandillas, la extorsión y la violencia son motivos que obligan a hondureños a dejar sus hogares.
'El Estado está en este momento estableciendo las bases, pero necesita más tiempo para tener una capacidad de respuesta operativa y eso no coincide con los niveles de afectación de la población, lo que queda en ese vacío es el apoyo de sociedad civil y comunidad internacional', dijo la jefa interina de Acnur en Honduras, Lorena Nieto, a Efe en una entrevista.
Enfatizó que la sociedad civil y la comunidad internacional deben 'atender ese vacío mientras el Estado logra de establecer las bases adecuadas para generar una respuesta' a las personas que huyen del país y piden refugio en otras naciones.
Destacó la importancia de hacer visible el fenómeno, su magnitud y los sectores más afectados, para garantizar un resultado efectivo de las estrategias de intervención.
Nieto insistió en que el Estado hondureño 'no tiene todavía las bases, los recursos, las políticas y los marcos legales' para atender a los desplazados forzados, pese a que 'es su responsabilidad'.
Señaló que la falta de cifras reales sobre desplazados forzados por la violencia es 'una limitante' para obtener financiación, porque 'no tenemos como evidenciar una crisis humanitaria o de protección'.
Un total de 59.788 hondureños han solicitado asilo en los últimos años, mientras que a 14.427 se les reconoce como refugiados, señaló la representante de Acnur.
Precisó que la mayoría de quienes huyen de Honduras buscan protección en Estados Unidos, Canadá y México, y en menor número en Costa Rica.
Destacó que el aumento en el número de hondureños solicitantes de refugio supone que las personas en Honduras 'no están logrando acceder a mecanismos de protección efectiva', por lo que su alternativa 'sigue siendo huir del país y busca protección internacional'.
Nieto expresó su preocupación ante la 'limitada' protección internacional a la que tienen acceso los desplazados forzados y la poca 'capacidad institucional' de Honduras.
Honduras ha demostrado 'avances' en la temática al asignar el año pasado 13 millones de lempiras (538.748 dólares), pero su 'capacidad operativa de respuesta todavía no está instalada', señaló.
Lamentó que la política de seguridad del Estado 'no incorpora acciones de protección', porque eso tiene 'un efecto secundario' en la población ante la reacción de las bandas criminales por averiguar quienes llevaron a las fuerzas estatales a la zona.
'Las operaciones de saturación son fundamentales, hay que mantenerlas, pero tienen que ir acompañadas con una estrategia de protección (...) que permita que se mantenga el control, pero adicionalmente que la población acceda a una respuesta social efectiva y eso no está pasando', explicó la funcionaria de Acnur.
Según un informe presentado el miércoles por Acnur y el estatal Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, cerca de 700 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en Honduras en 2017.
Muchos de los desplazados son familias completas, y según sus testimonios, están huyendo por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes, añade el informe.
La funcionaria de Acnur indicó que en los últimos años los niños y jóvenes estudiantes están 'siendo afectados' de forma directa por la violencia que afecta al país, que a diario registra un promedio de once asesinatos perpetrados, en su mayoría, por las pandillas y bandas del crimen organizado.
A las familias y estudiantes se suman como sectores más afectados los transportistas, los comerciantes y los docentes, indicó la funcionaria de Acnur.
