TEGUCIGALPA. Un auditor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) cobró en cinco años una pensión global de 1.2 millones de lempiras en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), al tiempo que recibía un salario mensual en la estatal eléctrica, lo cual está prohibido por la ley.
La Ley de Jubilaciones y Pensiones contempla en su artículo 60: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o instituciones autónomas y semiautónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado”.
De acuerdo con información proporcionada a LA PRENSA por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el auditor II José Julián Rivera hizo presuntamente cobros indebidos por concepto de jubilación, ya que tenía un contrato individual de trabajo con la Enee desde el 16 de febrero de 2012 con un salario nominal de 37,633.59 lempiras mensuales.
Según el TSC, Rivera recibió posteriormente el estatus de empleado permanente bajo la acción de personal número 56 del 16 de marzo de 2017 en el mismo cargo de auditor asistente II de la Dirección de Auditoría Interna de la Enee, siendo efectivo a partir del 1 de marzo de 2017.
Simultáneamente, el funcionario recibió desde enero de 2013 a enero de 2018 una pensión por jubilación del Injupemp por más de 225,000 lempiras anuales promedio, para hacer un total de 1.2 millones de lempiras en los últimos cinco años.
Según la entidad contralora del Estado, mediante esta acción anómala se violentó la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo y las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República y, además, causó un perjuicio económico al Estado.
A raíz de las indagaciones emprendidas por el TSC, el 9 de marzo de 2017 el Injupemp comunicó a Rivera que le sería suspendido el beneficio; sin embargo, inexplicablemente, el funcionario siguió recibiendo el pago mensual de jubilación hasta en enero de 2018, cuando le fue eliminado por la entidad previsional.
Defensa. El TSC solicitó a Rivera que explicara por escrito el motivo por el cual siguió recibiendo el beneficio de jubilación en el Injupemp previo a suscribir los contratos individuales de trabajo y el posterior acuerdo de nombramiento con la Enee, pero este argumentó que no pudo conseguir la copias de los contratos para poder hacer el trámite correspondiente.
“A partir del año 2013 hice gestiones ante el Injupemp a efecto de que se realizara la suspensión de la jubilación que me otorgaba, solicitándome que para el trámite respectivo se requería acompañar copia de los contratos temporales; sin embargo, no fue posible atender esas condiciones, en vista de que el referido titular de la gerencia (de la Enee) no los suscribió oportuna y consecuentemente no tenía copia de los mismos el suscrito y la Dirección de Recursos Humanos”, justificó el auditor.
Indicó que fue hasta marzo del año recién pasado que como producto de las gestiones que realizó se logró que de oficio se suspendiera el pago respectivo en el Injpemp.
No obstante, los auditores pudieron comprobar que siguió cobrando la pensión los 10 meses siguientes.
Como resultado de las indagaciones realizadas en ambas instituciones, el TSC concluyó que hubo un perjuicio al patrimonio del Estado y también la comisión de una acción dolosa por parte del funcionario.
El organismo indicó que las responsabilidades que competen por este hecho irregular se tramitaron por separado en pliegos que fueron notificados individualmente a los funcionarios y empleados en quienes recayó la comisión de las mismas.
El TSC indicó que en futuras revisiones o la realización de una auditoría integral pudiesen encontrarse otras responsabilidades que por el alcance de la presente investigación no fueron contempladas en el informe realizado por el equipo de auditores.
