Una jueza de letras en materia de corrupción decretó auto de formal procesamiento en contra de los seis exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura de la Carrera Judicial.
Sin embargo, los exfuncionarios judiciales se defenderán en libertad debido a que la jueza les impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Entre las medidas cautelares dictadas en contra de los exconsejeros están: no salir del país, presentarse todos los viernes a firmar al juzgado, estar bajo la responsabilidad de sus apoderados legales y la fianza hipotecaria presentada anteriormente.
La togada emitió la resolución tras una maratónica audiencia inicial que sobrepasó los diez días.
Los acusados son el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilés, el exvicepresidente del Consejo Teodoro Bonilla, quien se encuentra arrestado porque anteriormente había sido condenado a seis años de prisión por otro caso. Igualmente, los exconsejeros Julio Barahona, Francisco Quiroz, Liliam Maldonado y Celino Aguilera.
A todos se les acusa de más de 600 delitos de corrupción porque presuntamente desviaron más de 13.5 millones de lempiras correspondientes a viáticos.
Informes
Las investigaciones de la entidad fiscal indican que ellos programaban giras nacionales e internacionales, tramitaban viáticos y no viajaban. Se determinó que en 576 ocasiones ellos no viajaron ni regresaron el dinero de los viáticos. Tras la resolución de la jueza, el expresidente de la Corte Jorge Rivera, cuestionó que “todo lo que está en el requerimiento de la Fiscalía fue prácticamente transcrito como resolución”.
Aseguró que “por la experiencia que uno tiene de casi 40 años en tribunales, uno para este tipo de audiencias se prepara para lo peor, porque cualquier cosa que se dicte es ganancia, en consecuencia, yo venía preparado para que me enviaran detenido y que me quitaran las medidas sustitutivas”.
Los apoderados legales de los exconsejeros anunciaron que interpondrán ante la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción un recurso de apelación en contra de la resolución de la jueza. “Vamos a interponer los recursos que establece la ley, hacer uso de los recursos de apelación, aunque no consideramos que estamos en un Estado de derecho porque hay violación al debido proceso”, dijo la abogada Irma Yamileth López. De ser denegado este recurso el proceso continuará su curso normal.
