Tegucigalpa, Honduras.
Contratos por casi 500 millones de lempiras, unos 20 millones de dólares, suscribieron las sociedades mercantiles de los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, Los Cachiros, con varias instituciones y empresas públicas entre 2010 y 2015, según los nuevos hallazgos recabados por las entidades investigativas del Estado.
Esta es una línea de investigación que está siendo sustanciada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción ( Ufecic) en coordinación con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih).
La indagación tiene un avance importante, pero se encuentra bajo secretismo, en vista de que se trata de un caso de alto impacto que involucra a altos funcionarios del Estado que avalaron y suscribieron estos contratos.
No obstante, el equipo de investigación de LA PRENSA tuvo acceso a información confidencial que revela que solamente en la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y en el Fondo Vial se suscribieron alrededor de 60 contratos de obras de construcción, conservación y mantenimiento de carreteras en diferentes regiones del país.
Los Cachiros y sus principales testaferros utilizaron para lavar millonarios fondos a través de este mecanismo de contratación con el Estado a las sociedades mercantiles Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L. Cheques de Acrópolis a nombre de Inrimar encontrados en una casa de Francisco Arturo Mejía.
Contratos en Soptravi e Insep
En los expedientes investigativos consta que entre 2010-2013 a la sociedad Inrimar se le adjudicaron contratos del proyecto denominado “Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada”, que estaba a cargo del Fondo Vial y la Dirección General de Carreteras de Soptravi.
Entre los documentos secuestrados por la Ufecic sobresale el contrato FV-0004-2012, suscrito el 8 de febrero de 2012 con el entonces director ejecutivo del Fondo Vial, Hugo Ardón Soriano, y Devis Leonel Rivera, gerente de Inmobiliaria Rivera Maradiaga, para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 4 y 5 del departamento de Colón.
Bajo ese esquema, las autoridades del Fondo Vial, Soptravi y luego Insep pagaron a Inrimar contratos por el orden de 125.9 millones de lempiras, desglosados de la siguiente forma: en 2010, un total de 13.8 millones; en 2011, 63.6 millones; en 2012, 6.4 millones; en 2013, 19.2 millones; 2014, 994,049 lempiras, y en 2015, un aproximado de 21.8 millones, este último se efectuó cuando los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel ya se habían entregado a la justicia estadounidense.
Incluso, Inrimar, la empresa nodriza de Los Cachiros, siguió recibiendo pagos del Gobierno aun después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara al clan Rivera Maradiaga como narcotraficantes, hecho que ocurrió en septiembre de 2013.
Contratos en la Enee
Como parte de su red de lavado de dinero, la banda de narcotraficantes también logró agenciarse multimillonarios contratos de construcción y servicios en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee) entre 2010 y 2011.
Las autoridades de la Enee concedieron los proyectos de construcción y mantenimiento de los campamentos base de los complejos hidroléctricos de Patuca III en Olancho y del Valle del Aguán, en el departamento de Colón.
Los contratos fueron adjudicados a las sociedades Acrópolis S.A. de C.V., Comssa, Arqdico, Conor S. de R.L. y Lutopas, algunas de ellas administradas por personajes ligados a Los Cachiros, entre ellos, su apoderado legal Francisco Arturo Mejía, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Dentro de este engranaje de lavado figuran también Waldina Lizeth Salgado y Roberto Arturo Mejía, hijo de Francisco Mejía, y socios de Comssa y Lutopas; Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, accionista de Inrimar y Ardico, así como Irza Fane Pacheco Murillo y Nohelia Marina Murillo Figueroa, socias de Arqdico y Conor S. de R.L., todos ligados a Devis Leonel Rivera Maradiaga.
De esta forma, Acrópolis y Arqdico se encargaban de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos; Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto; Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles, y Conor supervisaba las obras realizadas por Acrópolis.
De acuerdo con las entidades investigativas, la Enee efectuó pagos a inversiones Acrópolis por 206.2 millones de lempiras, desglosados así: en 2011, 60.5 millones; en 2012, 73.2 millones, y en 2013, 72.4 millones.
Entre tanto, a Comssa se le pagaron 140.3 millones y a Lutopa 14 millones de un contrato inicial de 31. 1 millones pactados, para un global de 486.4 millones, que incluye los desembolsos de Soptravi.
Hasta ahora se desconoce el monto de lo pagado a Arqdico y a Conor.
Investigaciones efectuadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) establecen que el campamento base de Patuca III tuvo un costo global de 203 millones de lempiras, pero hubo una sobrevaloración que implicó un perjuicio económico de 102 millones de lempiras para el Estado.
Mientras tanto, el complejo habitacional del proyecto energético del Valle del Aguán tuvo un valor de 39.5 millones de lempiras, de los cuales hubo una sobrevaloración de costos de obras civiles por un monto de 17.8 millones de lempiras.
Contratos por casi 500 millones de lempiras, unos 20 millones de dólares, suscribieron las sociedades mercantiles de los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, Los Cachiros, con varias instituciones y empresas públicas entre 2010 y 2015, según los nuevos hallazgos recabados por las entidades investigativas del Estado.
Esta es una línea de investigación que está siendo sustanciada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción ( Ufecic) en coordinación con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih).
La indagación tiene un avance importante, pero se encuentra bajo secretismo, en vista de que se trata de un caso de alto impacto que involucra a altos funcionarios del Estado que avalaron y suscribieron estos contratos.
No obstante, el equipo de investigación de LA PRENSA tuvo acceso a información confidencial que revela que solamente en la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y en el Fondo Vial se suscribieron alrededor de 60 contratos de obras de construcción, conservación y mantenimiento de carreteras en diferentes regiones del país.
Los Cachiros y sus principales testaferros utilizaron para lavar millonarios fondos a través de este mecanismo de contratación con el Estado a las sociedades mercantiles Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L.
Contratos en Soptravi e Insep
En los expedientes investigativos consta que entre 2010-2013 a la sociedad Inrimar se le adjudicaron contratos del proyecto denominado “Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada”, que estaba a cargo del Fondo Vial y la Dirección General de Carreteras de Soptravi.
Entre los documentos secuestrados por la Ufecic sobresale el contrato FV-0004-2012, suscrito el 8 de febrero de 2012 con el entonces director ejecutivo del Fondo Vial, Hugo Ardón Soriano, y Devis Leonel Rivera, gerente de Inmobiliaria Rivera Maradiaga, para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 4 y 5 del departamento de Colón.
Bajo ese esquema, las autoridades del Fondo Vial, Soptravi y luego Insep pagaron a Inrimar contratos por el orden de 125.9 millones de lempiras, desglosados de la siguiente forma: en 2010, un total de 13.8 millones; en 2011, 63.6 millones; en 2012, 6.4 millones; en 2013, 19.2 millones; 2014, 994,049 lempiras, y en 2015, un aproximado de 21.8 millones, este último se efectuó cuando los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel ya se habían entregado a la justicia estadounidense.
Incluso, Inrimar, la empresa nodriza de Los Cachiros, siguió recibiendo pagos del Gobierno aun después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara al clan Rivera Maradiaga como narcotraficantes, hecho que ocurrió en septiembre de 2013.
Contratos en la Enee
Como parte de su red de lavado de dinero, la banda de narcotraficantes también logró agenciarse multimillonarios contratos de construcción y servicios en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee) entre 2010 y 2011.
Las autoridades de la Enee concedieron los proyectos de construcción y mantenimiento de los campamentos base de los complejos hidroléctricos de Patuca III en Olancho y del Valle del Aguán, en el departamento de Colón.
Los contratos fueron adjudicados a las sociedades Acrópolis S.A. de C.V., Comssa, Arqdico, Conor S. de R.L. y Lutopas, algunas de ellas administradas por personajes ligados a Los Cachiros, entre ellos, su apoderado legal Francisco Arturo Mejía, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Dentro de este engranaje de lavado figuran también Waldina Lizeth Salgado y Roberto Arturo Mejía, hijo de Francisco Mejía, y socios de Comssa y Lutopas; Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, accionista de Inrimar y Ardico, así como Irza Fane Pacheco Murillo y Nohelia Marina Murillo Figueroa, socias de Arqdico y Conor S. de R.L., todos ligados a Devis Leonel Rivera Maradiaga.
De esta forma, Acrópolis y Arqdico se encargaban de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos; Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto; Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles, y Conor supervisaba las obras realizadas por Acrópolis.
De acuerdo con las entidades investigativas, la Enee efectuó pagos a inversiones Acrópolis por 206.2 millones de lempiras, desglosados así: en 2011, 60.5 millones; en 2012, 73.2 millones, y en 2013, 72.4 millones.
Entre tanto, a Comssa se le pagaron 140.3 millones y a Lutopa 14 millones de un contrato inicial de 31. 1 millones pactados, para un global de 486.4 millones, que incluye los desembolsos de Soptravi.
Hasta ahora se desconoce el monto de lo pagado a Arqdico y a Conor.
Investigaciones efectuadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) establecen que el campamento base de Patuca III tuvo un costo global de 203 millones de lempiras, pero hubo una sobrevaloración que implicó un perjuicio económico de 102 millones de lempiras para el Estado.
Mientras tanto, el complejo habitacional del proyecto energético del Valle del Aguán tuvo un valor de 39.5 millones de lempiras, de los cuales hubo una sobrevaloración de costos de obras civiles por un monto de 17.8 millones de lempiras.
