Tegucigalpa, Honduras.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reforzaron su seguridad personal y para ello recibieron una millonaria transferencia de la Tasa de Seguridad Poblacional para la contratación de servicios de protección personal.
En enero del presente año, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a través de la Tasa de Seguridad, autorizó el desembolso de 8.3 millones de lempiras para redoblar las medidas de resguardo a los 15 magistrados del Poder Judicial. En total son 25 millones de lempiras asignados a la protección de los magistrados desde 2016, los cuales se entregaron en tres partes de 8.3 millones cada una.
La partida presupuestaria está registrada en el informe de ingresos y egresos, correspondiente al enero del presente año y publicado en el portal de transparencia del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF), que es la entidad encargada de la administración de dichos recursos.
El informe no detalla las medidas de seguridad autorizadas, sin embargo, se supo que estas contemplan asignación de más personal para los magistrados y sus domicilios.
Como parte de su protección personal, los letrados tienen asignados vehículos blindados, conductores y escoltas proporcionados por el Estado.
En 2014, el entonces magistrado presidente Jorge Rivera Avilez solicitó redoblar las medidas de protección a los miembros del pleno a raíz de las solicitudes de extradición que estaban siendo ventiladas en ese poder del Estado.
Una fuente de seguridad manifestó que en esta ocasión se ha mejorado la seguridad de jueces y magistrados por los casos de corrupción, extorsión y las solicitudes de extradición que actualmente son ventilados en los juzgados de jurisdicción nacional. LA PRENSA consultó al coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, quien confirmó que en enero de este año se efectuó una fuerte asignación para mejorar la seguridad de los miembros del pleno de magistrados.
Molina explicó que efectivamente hay un proyecto para modernizar y aumentar la seguridad a magistrados y ciertos jueces que llevan casos de corrupción, narcotráfico, extorsión y lavado de activos. Igualmente, se financia el resguardo de los edificios adonde funcionan estos juzgados.
Medidas
Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó a LA PRENSA que actualmente se proporcionan medidas de seguridad a unos 35 jueces de competencia nacional en materia de corrupción, extorsión, crimen organizado y privación de dominio.
Esto incluye a los actuales 15 magistrados del Poder Judicial y los 15 exmagistrados del período anterior, a quienes se les presta servicios de seguridad por espacio de tres años de conformidad con la Ley de Protección de Altos Funcionarios.
Entre las medidas están la asignación de un vehículo blindado, un carro seguidor, conductor y escoltas, que son pagados en gran parte por la Tasa de Seguridad y otra parte por la Corte.
Explicó que por el grave riesgo y la naturaleza de su trabajo, los jueces en materia de corrupción y extorsión tienen asignados vehículos blindados y escoltas permanentes.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reforzaron su seguridad personal y para ello recibieron una millonaria transferencia de la Tasa de Seguridad Poblacional para la contratación de servicios de protección personal.
En enero del presente año, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a través de la Tasa de Seguridad, autorizó el desembolso de 8.3 millones de lempiras para redoblar las medidas de resguardo a los 15 magistrados del Poder Judicial. En total son 25 millones de lempiras asignados a la protección de los magistrados desde 2016, los cuales se entregaron en tres partes de 8.3 millones cada una.
La partida presupuestaria está registrada en el informe de ingresos y egresos, correspondiente al enero del presente año y publicado en el portal de transparencia del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF), que es la entidad encargada de la administración de dichos recursos.
El informe no detalla las medidas de seguridad autorizadas, sin embargo, se supo que estas contemplan asignación de más personal para los magistrados y sus domicilios.
Como parte de su protección personal, los letrados tienen asignados vehículos blindados, conductores y escoltas proporcionados por el Estado.
En 2014, el entonces magistrado presidente Jorge Rivera Avilez solicitó redoblar las medidas de protección a los miembros del pleno a raíz de las solicitudes de extradición que estaban siendo ventiladas en ese poder del Estado.
Una fuente de seguridad manifestó que en esta ocasión se ha mejorado la seguridad de jueces y magistrados por los casos de corrupción, extorsión y las solicitudes de extradición que actualmente son ventilados en los juzgados de jurisdicción nacional. LA PRENSA consultó al coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, quien confirmó que en enero de este año se efectuó una fuerte asignación para mejorar la seguridad de los miembros del pleno de magistrados.
Molina explicó que efectivamente hay un proyecto para modernizar y aumentar la seguridad a magistrados y ciertos jueces que llevan casos de corrupción, narcotráfico, extorsión y lavado de activos. Igualmente, se financia el resguardo de los edificios adonde funcionan estos juzgados.
Medidas
Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó a LA PRENSA que actualmente se proporcionan medidas de seguridad a unos 35 jueces de competencia nacional en materia de corrupción, extorsión, crimen organizado y privación de dominio.
Esto incluye a los actuales 15 magistrados del Poder Judicial y los 15 exmagistrados del período anterior, a quienes se les presta servicios de seguridad por espacio de tres años de conformidad con la Ley de Protección de Altos Funcionarios.
Entre las medidas están la asignación de un vehículo blindado, un carro seguidor, conductor y escoltas, que son pagados en gran parte por la Tasa de Seguridad y otra parte por la Corte.
Explicó que por el grave riesgo y la naturaleza de su trabajo, los jueces en materia de corrupción y extorsión tienen asignados vehículos blindados y escoltas permanentes.
