Tegucigalpa, Honduras.
La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción admitió un recurso de apelación contra las medidas sustitutivas otorgadas al exministro de Educación José Alejandro Ventura Soriano, acusado del delito de abuso de autoridad en un caso del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), por lo que se le dictó la orden de prisión preventiva.
La Corte impuso la medida debido a que sobre el exministro pesan cuatro procesos penales activos.
Al exfuncionario la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) lo acusa junto a otros 10 exdirectivos y exfuncionarios del IMPREMA, por irregularidades en un contrato de licitación del proyecto de pavimentación de la colonia capitalina La Cañada.
Las investigaciones de la FETCCOP establecen que en el año 2008 se emitió de forma ilegal un decreto de emergencia que autorizaba la contratación directa de la empresa PRODINCO para cementar las calles de colonia La Cañada, cuyo monto total ascendió a más de 23 millones de lempiras, dándose en diferentes etapas del proceso una serie de anomalías que contravienen la Ley de Contratación del Estado y en lo referente a las disposiciones generales de presupuesto y de carácter financiero.
Los demás imputados son: los exmiembros del Comité Ejecutivo, Pedro Arnaldo Pinto, Darío Roberto Cardona Valle, Oscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales y Lorenzo Sauceda Cálix, así como los exintegrantes de la Junta Evaluadora del Proyecto, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Mario Alberto Batres y Oscar Nahun Rubí Flores.
A todos se les notificó en enero pasado la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha 17 de julio de 2017 que revocó los sobreseimientos provisionales emitidos a su favor en primera instancia y que les dictó Auto de Formal Procesamiento en su contra.
