Tegucigalpa, Honduras.
La jefa de la Inspectoría de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia, Anny Ochoa, confirmó que se investiga el saqueo de archivos de la Dirección de Contabilidad que divulgó en exclusiva la Unidad de Investigación de LA PRENSA y advirtió que sancionarán a los responsables del hecho.
Según documentos y declaraciones de informantes del área administrativa del Poder Judicial, el 22 de noviembre de 2017 personal de la Dirección de Contabilidad de la Corte descubrió que la bodega donde se guardan documentos financieros, ubicada en las antiguas instalaciones de la Penitenciaría Nacional, en el barrio La Hoya de la capital, había sido saqueada.
“Hasta este momento lo que se informó a esta oficina es el reporte (del saqueo) de Dirección de Contabilidad… Las investigaciones determinarán la posible o no responsabilidad de personal del Poder Judicial”, indicó Ochoa.
Ochoa informó que hasta los momentos no puede asegurar si los papeles hurtados son expedientes completos o “documentos varios”.
El robo
El 6 de noviembre de 2017, el jefe de la Dirección de Contabilidad, Carlos Avilez, envió el oficio 220-DCPJ-2017 a la directora de Inspectoría en la que le notificaba sobre el suceso.
Conforme al oficio, empleados de la Dirección de Contabilidad entraron el 22 de diciembre de 2017 al almacén de Contabilidad, “encontrando una gran cantidad de fólderes leitz empastados y en donde se guarda información completamente vacíos y tirados en el suelo, lo cual representa una irregularidad delicada que puede incidir en la pérdida de documentación que pueda requerir el órgano fiscalizador”.
La inspectora Ochoa indicó que las unidades de la Corte que están bajo investigación es el departamento de Seguridad y la Dirección de Contabilidad.
Cuando se concluya la investigación se identificará a los responsables de la sustracción de los documentos para que se les apliquen las sanciones disciplinarias, y de encontrarse indicios de responsabilidad penal serán denunciados al Ministerio Público.
“Si en el hallazgo de la investigación se reflejan algunas acciones que están contempladas dentro de la normativa penal, tal como manda el reglamento de Inspectoría, se remitirán al Ministerio Público para que continúen los procesos de investigación en esas instancias”.
Inspectoría de Tribunales plasmará en el informe una serie de recomendaciones para que los documentos de la Corte estén mejor protegidos.
Una semana antes de que se descubriera el hurto de los expedientes, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas firmaron un convenio para hacer una auditoría financiera al Poder Judicial.
De igual manera, la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) investiga el despilfarro cometido por el desaparecido Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia; pero la sustracción de los documentos contables podría perjudicar esas pesquisas.
Ochoa manifestó que no se podía indicar un plazo para que las investigaciones concluyan.
La funcionaria judicial remarcó que la Inspectoría de Tribunales es accesible ante cualquier consulta que se haga sobre la revisión de los hechos irregulares que se investigan, siempre y cuando no se perjudiquen las investigaciones.
Piden castigo
El representante del capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, calificó como “gravísimo” el saqueo en el almacén contable y solicitó a la Inspectoría de Tribunales sancionar con dureza a los responsables.
“Inspectoría general tiene que ser diligente y hacer sus investigaciones de manera rigurosa y objetiva… esperamos que este tema pueda ser objeto de análisis profundo del pleno y de confirmarse tal denuncia sancionarla con rigurosidad.
Hernández, también vicepresidente de la Asociación para una Sociedad más Justa, recordó que el presidente de la Corte, Rolando Argueta, cuando llegó al cargo en 2016, ordenó una investigación al Consejo de la Judicatura por las múltiples denuncias de irregularidades que iban desde el tráfico de influencias, desorden administrativo hasta otras de índole penal y “la sociedad sigue esperando las sanciones correspondientes”.
La jefa de la Inspectoría de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia, Anny Ochoa, confirmó que se investiga el saqueo de archivos de la Dirección de Contabilidad que divulgó en exclusiva la Unidad de Investigación de LA PRENSA y advirtió que sancionarán a los responsables del hecho.
Según documentos y declaraciones de informantes del área administrativa del Poder Judicial, el 22 de noviembre de 2017 personal de la Dirección de Contabilidad de la Corte descubrió que la bodega donde se guardan documentos financieros, ubicada en las antiguas instalaciones de la Penitenciaría Nacional, en el barrio La Hoya de la capital, había sido saqueada.
“Hasta este momento lo que se informó a esta oficina es el reporte (del saqueo) de Dirección de Contabilidad… Las investigaciones determinarán la posible o no responsabilidad de personal del Poder Judicial”, indicó Ochoa.
Ochoa informó que hasta los momentos no puede asegurar si los papeles hurtados son expedientes completos o “documentos varios”.
El robo
El 6 de noviembre de 2017, el jefe de la Dirección de Contabilidad, Carlos Avilez, envió el oficio 220-DCPJ-2017 a la directora de Inspectoría en la que le notificaba sobre el suceso.
Conforme al oficio, empleados de la Dirección de Contabilidad entraron el 22 de diciembre de 2017 al almacén de Contabilidad, “encontrando una gran cantidad de fólderes leitz empastados y en donde se guarda información completamente vacíos y tirados en el suelo, lo cual representa una irregularidad delicada que puede incidir en la pérdida de documentación que pueda requerir el órgano fiscalizador”.
La inspectora Ochoa indicó que las unidades de la Corte que están bajo investigación es el departamento de Seguridad y la Dirección de Contabilidad.
Cuando se concluya la investigación se identificará a los responsables de la sustracción de los documentos para que se les apliquen las sanciones disciplinarias, y de encontrarse indicios de responsabilidad penal serán denunciados al Ministerio Público.
“Si en el hallazgo de la investigación se reflejan algunas acciones que están contempladas dentro de la normativa penal, tal como manda el reglamento de Inspectoría, se remitirán al Ministerio Público para que continúen los procesos de investigación en esas instancias”.
Inspectoría de Tribunales plasmará en el informe una serie de recomendaciones para que los documentos de la Corte estén mejor protegidos.
Una semana antes de que se descubriera el hurto de los expedientes, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas firmaron un convenio para hacer una auditoría financiera al Poder Judicial.
De igual manera, la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) investiga el despilfarro cometido por el desaparecido Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia; pero la sustracción de los documentos contables podría perjudicar esas pesquisas.
Ochoa manifestó que no se podía indicar un plazo para que las investigaciones concluyan.
La funcionaria judicial remarcó que la Inspectoría de Tribunales es accesible ante cualquier consulta que se haga sobre la revisión de los hechos irregulares que se investigan, siempre y cuando no se perjudiquen las investigaciones.
Piden castigo
El representante del capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, calificó como “gravísimo” el saqueo en el almacén contable y solicitó a la Inspectoría de Tribunales sancionar con dureza a los responsables.
“Inspectoría general tiene que ser diligente y hacer sus investigaciones de manera rigurosa y objetiva… esperamos que este tema pueda ser objeto de análisis profundo del pleno y de confirmarse tal denuncia sancionarla con rigurosidad.
Hernández, también vicepresidente de la Asociación para una Sociedad más Justa, recordó que el presidente de la Corte, Rolando Argueta, cuando llegó al cargo en 2016, ordenó una investigación al Consejo de la Judicatura por las múltiples denuncias de irregularidades que iban desde el tráfico de influencias, desorden administrativo hasta otras de índole penal y “la sociedad sigue esperando las sanciones correspondientes”.
