Tegucigalpa, Honduras.
Julio Josué Galdámez Figueroa se convirtió en la pieza clave para que los fondos que desviaban de las cuentas del despacho de la ex primera dama Rosa de Lobo fueran a parar a sus arcas personales. De igual forma para que se crearan empresas y se destinaran cheques a personas jurídicas y naturales, justificando así el desvío de los fondos.
Galdámez, ya fallecido, llegó incluso a fundar empresas inmobiliarias donde efectuó varias transacciones para el blanqueo, de acuerdo con las investigaciones a la red “ Caja chica de la dama”, llevadas a cabo entre 2011 y 2014.
“El occiso Julio Josué Galdámez Figueroa utilizaba a diversas personas, a quienes contactaban a cambio de beneficio económico y previo a entregar los cheques al señor Saúl Fernando Escobar Puerto, en su condición de coordinador de los programas sociales de Udeco, firmaba contratos de entregas de zapatos y demás documentos relacionados a fin de justificar las erogaciones de dinero, quienes para cambiar los cheques que emitía la acusada de las cuentas número 001-102-50790 y 6536603 a nombre de personas que en compañía de Julio Josué Galdámez Figueroa se trasladaban a las oficinas de banco a cambiarlos, y una vez obtenido el dinero en efectivo lo entregaban al hoy occiso Julio Josué Galdámez Figueroa y a Manuel Mauricio Mora Padilla”.
Por lo que establecer las conexiones, la función de cada persona involucrada en la red, tomó varios meses a la Unidad Especial Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (Ufecic). Si algo destaca el requerimiento fiscal presentado contra la ex primera dama, es que “se apropió de fondos públicos, y sabiendo que dichos bienes procedían de una actividad delictiva trató de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos.
La señora Rosa Elena Bonilla Ávila, ejerciendo su función como primera dama de la nación, recibiendo un salario de Casa de Gobierno y conociendo el funcionamiento del aparato administrativo, le permitió conocer a perfección las fallas de los controles administrativos, las debilidades de la ley, por eso su accionar fue el resultado de un plan preconcebido el cual consumó, en su totalidad”, dice el requerimiento.
Julio Josué Galdámez Figueroa se convirtió en la pieza clave para que los fondos que desviaban de las cuentas del despacho de la ex primera dama Rosa de Lobo fueran a parar a sus arcas personales. De igual forma para que se crearan empresas y se destinaran cheques a personas jurídicas y naturales, justificando así el desvío de los fondos.
Galdámez, ya fallecido, llegó incluso a fundar empresas inmobiliarias donde efectuó varias transacciones para el blanqueo, de acuerdo con las investigaciones a la red “ Caja chica de la dama”, llevadas a cabo entre 2011 y 2014.
“El occiso Julio Josué Galdámez Figueroa utilizaba a diversas personas, a quienes contactaban a cambio de beneficio económico y previo a entregar los cheques al señor Saúl Fernando Escobar Puerto, en su condición de coordinador de los programas sociales de Udeco, firmaba contratos de entregas de zapatos y demás documentos relacionados a fin de justificar las erogaciones de dinero, quienes para cambiar los cheques que emitía la acusada de las cuentas número 001-102-50790 y 6536603 a nombre de personas que en compañía de Julio Josué Galdámez Figueroa se trasladaban a las oficinas de banco a cambiarlos, y una vez obtenido el dinero en efectivo lo entregaban al hoy occiso Julio Josué Galdámez Figueroa y a Manuel Mauricio Mora Padilla”.
Por lo que establecer las conexiones, la función de cada persona involucrada en la red, tomó varios meses a la Unidad Especial Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (Ufecic). Si algo destaca el requerimiento fiscal presentado contra la ex primera dama, es que “se apropió de fondos públicos, y sabiendo que dichos bienes procedían de una actividad delictiva trató de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos.
La señora Rosa Elena Bonilla Ávila, ejerciendo su función como primera dama de la nación, recibiendo un salario de Casa de Gobierno y conociendo el funcionamiento del aparato administrativo, le permitió conocer a perfección las fallas de los controles administrativos, las debilidades de la ley, por eso su accionar fue el resultado de un plan preconcebido el cual consumó, en su totalidad”, dice el requerimiento.
