San Pedro Sula, Honduras.
Después de ser la eterna presidenta del sindicato municipal, Ana María Ríos fue expulsada de esa organización por una resolución del Congreso de Trabajadores.
Ríos comenzó a trabajar como barrendera de calles en la gestión de Jerónimo Sandoval en 1989 y se convirtió en la presidenta del sindicato. Ella dice que son 18 años al frente de la organización, pero son más de 29, según sus allegados.
Ríos renunció al cargo el año pasado, asumiéndolo el que por años fue su motorista, el ahora abogado Ramiro Amaya.
La lideresa luchó junto con los trabajadores y por décadas mantuvo la presidencia del sindicato. Actualmente, esa organización tiene unos 700 afiliados, por años fue considerado uno de los más fuertes entre los sindicatos.
LA PRENSA conoció que las nuevas autoridades sindicales procedieron a realizar una auditoría de los últimos cinco años con el fin de exponer a los afiliados la situación financiera. No obstante, en el proceso se encontró una serie de supuestas irregularidades que salieron a luz el día que se presentó el informe en una asamblea.
La expulsaron
El presidente del sindicato, Ramiro Amaya, confirmó la auditoría y explicó que se tuvo una asamblea general donde se informó a los trabajadores sobre los resultados. “El 4 de julio de 2017 asumí la presidencia y por ser una organización donde se maneja dinero uno debe cuidarse, por ello solicitamos al Congreso de Delegados hacer una auditoría de los últimos cinco años para ver cómo concluía”, expresó.
Asimismo, confirmó que “hace falta una información de parte de la Municipalidad relacionada con el plan mortuorio, pero ya tenemos la resolución de la auditoría”.
Por lo consiguiente, era facultad del Comité Ejecutivo dar un fallo y exponerlo ante los delegados, que es la máxima representación de los trabajadores para que ellos tomaran a bien si era procedente la resolución que el comité había dado. “
En la resolución que se sometió al congreso solicitamos la expulsión porque ya los estatutos en los que nos regimos dicen que las personas que han tenido manejo de dinero tienen que ser expulsadas cuando se considera que hay malversación”, manifestó Amaya.
Añadió que la auditoría se hizo con el fin de presentar a los trabajadores cómo están las finanzas del sindicato y se revisaron los libros contables.
“Yo no quiero acusar a la compañera Ana María, pero se usaron fondos y no encontramos soporte de ningún tipo y al no haber soporte son inconsistencias y tiene que dar cuenta de eso”, explicó el presidente.
Reveló que no encontraron soporte de aproximadamente 5,200,000 lempiras.
Recordó que desde 2014 hay una denuncia en el sindicato y la Fiscalía secuestró documentos, pero dieron oportunidad de sacar copias para hacer la auditoría. “Están pendientes los años 2012 y 2013, y Ana María Ríos ha manifestado que esa información se la llevó la Fiscalía, donde hay un faltante como de dos millones y medio, pero estamos esperando que la Fiscalía rinda informes de eso para que la compañera firme los pagarés”, detalló el dirigente del sindicato.
“En el fallo del comité ejecutivo también se dice que los compañeros paguen el dinero porque como no hay soporte tienen que entrar de nuevo a las arcas municipales”, agregó el dirigente. “Encontramos desorden, creo que a la compañera Ana María le falló la asesoría porque encontramos un sindicato que no tenía contador, no había personería jurídica y no estaban afiliados”, dijo.
Agregó: “Ya estamos dándole otra cara y por la parte legal estamos constituidos, tenemos al día los pagos y estamos esperando el pago de la Municipalidad de la cuota sindical”.
No he agarrado ningún cinco
Mientras, Ana María Ríos dijo que ni ella ni el tesorero agarraron dinero. “El tesorero dice que entregó todos los papeles, y como yo soy responsable y tengo dignidad, acordaron que yo pagara una cantidad y lo haré”, expresó. “Si me expulsaron no me lo han notificado”, agregó la actual directora del asilo de ancianos. “La asamblea no me expulsa, quienes me expulsan son los delegados del congreso porque yo hablé y les dije que una auditoría puede terminar en un año o más, pero ellos cerraron eso”, contó.
“Expulsaron a otros compañeros por tres meses y a mí dicen que definitivamente, pero no hay problema. Yo voy a pagar lo que ellos dicen, pero no porque me he robado el dinero, sino por una responsabilidad, ya que fui presidenta del sindicato”, explicó.
“A mí ya me han investigado y por esto la Fiscalía ni me ha llamado. La Fiscalía se llevó libros y documentos del sindicato y yo ya fui a responder por eso”, aseguró Ríos.
Al referirse a la auditoría, expuso que el tesorero entregó todos los soportes y si no los encuentran ya no es culpa mía. “Esto no es un desfalco, es un problema administrativo porque yo no he agarrado ningún centavo”, indicó Ríos. Expuso que de acuerdo con lo que le explicaron, ella tendría que regresar 942,835.78 lempiras y en 60 cuotas.
“Pedí que me bajen esas cuotas porque yo no tengo dinero para pagar lo que me están cobrando. Debo a bastantes bancos y no tengo dinero, si me hubiera agarrado ese dinero ya me hubiese ido del país. Yo no estoy renuente a pagar a pesar de que no me he agarrado nada, pero pagaré porque es mi deber si no hay respaldo, he dado la cara y le dejo todo a Dios”, aseguró Ríos. Reiteró que no teme porque existe una justicia divina y ella ha hecho lo mejor que ha podido en su trabajo.
Después de ser la eterna presidenta del sindicato municipal, Ana María Ríos fue expulsada de esa organización por una resolución del Congreso de Trabajadores.
Ríos comenzó a trabajar como barrendera de calles en la gestión de Jerónimo Sandoval en 1989 y se convirtió en la presidenta del sindicato. Ella dice que son 18 años al frente de la organización, pero son más de 29, según sus allegados.
Ríos renunció al cargo el año pasado, asumiéndolo el que por años fue su motorista, el ahora abogado Ramiro Amaya.
La lideresa luchó junto con los trabajadores y por décadas mantuvo la presidencia del sindicato. Actualmente, esa organización tiene unos 700 afiliados, por años fue considerado uno de los más fuertes entre los sindicatos.
LA PRENSA conoció que las nuevas autoridades sindicales procedieron a realizar una auditoría de los últimos cinco años con el fin de exponer a los afiliados la situación financiera. No obstante, en el proceso se encontró una serie de supuestas irregularidades que salieron a luz el día que se presentó el informe en una asamblea.
| La sede del sindicato está ubicada en la Circunvalación. La organización no tenía ni siquiera un contador.
|
El presidente del sindicato, Ramiro Amaya, confirmó la auditoría y explicó que se tuvo una asamblea general donde se informó a los trabajadores sobre los resultados. “El 4 de julio de 2017 asumí la presidencia y por ser una organización donde se maneja dinero uno debe cuidarse, por ello solicitamos al Congreso de Delegados hacer una auditoría de los últimos cinco años para ver cómo concluía”, expresó.
Asimismo, confirmó que “hace falta una información de parte de la Municipalidad relacionada con el plan mortuorio, pero ya tenemos la resolución de la auditoría”.
Por lo consiguiente, era facultad del Comité Ejecutivo dar un fallo y exponerlo ante los delegados, que es la máxima representación de los trabajadores para que ellos tomaran a bien si era procedente la resolución que el comité había dado. “
En la resolución que se sometió al congreso solicitamos la expulsión porque ya los estatutos en los que nos regimos dicen que las personas que han tenido manejo de dinero tienen que ser expulsadas cuando se considera que hay malversación”, manifestó Amaya.
Añadió que la auditoría se hizo con el fin de presentar a los trabajadores cómo están las finanzas del sindicato y se revisaron los libros contables.
“Yo no quiero acusar a la compañera Ana María, pero se usaron fondos y no encontramos soporte de ningún tipo y al no haber soporte son inconsistencias y tiene que dar cuenta de eso”, explicó el presidente.
Reveló que no encontraron soporte de aproximadamente 5,200,000 lempiras.
Recordó que desde 2014 hay una denuncia en el sindicato y la Fiscalía secuestró documentos, pero dieron oportunidad de sacar copias para hacer la auditoría. “Están pendientes los años 2012 y 2013, y Ana María Ríos ha manifestado que esa información se la llevó la Fiscalía, donde hay un faltante como de dos millones y medio, pero estamos esperando que la Fiscalía rinda informes de eso para que la compañera firme los pagarés”, detalló el dirigente del sindicato.
“En el fallo del comité ejecutivo también se dice que los compañeros paguen el dinero porque como no hay soporte tienen que entrar de nuevo a las arcas municipales”, agregó el dirigente. “Encontramos desorden, creo que a la compañera Ana María le falló la asesoría porque encontramos un sindicato que no tenía contador, no había personería jurídica y no estaban afiliados”, dijo.
Agregó: “Ya estamos dándole otra cara y por la parte legal estamos constituidos, tenemos al día los pagos y estamos esperando el pago de la Municipalidad de la cuota sindical”.
No he agarrado ningún cinco
Mientras, Ana María Ríos dijo que ni ella ni el tesorero agarraron dinero. “El tesorero dice que entregó todos los papeles, y como yo soy responsable y tengo dignidad, acordaron que yo pagara una cantidad y lo haré”, expresó. “Si me expulsaron no me lo han notificado”, agregó la actual directora del asilo de ancianos. “La asamblea no me expulsa, quienes me expulsan son los delegados del congreso porque yo hablé y les dije que una auditoría puede terminar en un año o más, pero ellos cerraron eso”, contó.
“Expulsaron a otros compañeros por tres meses y a mí dicen que definitivamente, pero no hay problema. Yo voy a pagar lo que ellos dicen, pero no porque me he robado el dinero, sino por una responsabilidad, ya que fui presidenta del sindicato”, explicó.
“A mí ya me han investigado y por esto la Fiscalía ni me ha llamado. La Fiscalía se llevó libros y documentos del sindicato y yo ya fui a responder por eso”, aseguró Ríos.
Al referirse a la auditoría, expuso que el tesorero entregó todos los soportes y si no los encuentran ya no es culpa mía. “Esto no es un desfalco, es un problema administrativo porque yo no he agarrado ningún centavo”, indicó Ríos. Expuso que de acuerdo con lo que le explicaron, ella tendría que regresar 942,835.78 lempiras y en 60 cuotas.
“Pedí que me bajen esas cuotas porque yo no tengo dinero para pagar lo que me están cobrando. Debo a bastantes bancos y no tengo dinero, si me hubiera agarrado ese dinero ya me hubiese ido del país. Yo no estoy renuente a pagar a pesar de que no me he agarrado nada, pero pagaré porque es mi deber si no hay respaldo, he dado la cara y le dejo todo a Dios”, aseguró Ríos. Reiteró que no teme porque existe una justicia divina y ella ha hecho lo mejor que ha podido en su trabajo.
