Tegucigalpa, Honduras
Tras la vigencia de la polémica reforma hecha a la Ley de Presupuesto, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se apresta a elaborar un reglamento para llevar a cabo las investigaciones.
Bajo este instrumento legal se regirán las indagaciones que el organismo contralor hará al uso de los recursos económicos que provee el Fondo Departamental a los congresistas para llevar a cabo proyectos sociales en cada una de las comunidades.
Según explicó el magistrado del TSC Miguel Pineda, la enmienda manda a ejecutar una investigación especial de 750 exdiputados y diputados de las últimas administraciones gubernamentales que va de 2006 al presente.
“Lo que ha solicitado el Congreso Nacional es una investigación especial y expedita para 750 diputados de las tres últimas administraciones, que es lo que establece ese decreto”, dijo el funcionario del TSC. El Tribunal de Cuentas permanentemente ejecuta auditorías al Fondo Departamental conforme a un Plan Operativo Anual que fue elaborado en 2017; sin embargo, la reforma indica que deben hacerse las investigaciones específicamente sobre unos 750 congresistas de los Gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. La enmienda obliga y pone en condición de investigadas a más de 100 fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) que han recibido fondos del Estado para proyectos sociales en los últimos cuatro Gobiernos.
Sobre el particular, el presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, informó que desde antes de la reforma “se había ordenado la auditoría completa del Fondo Departamental, ya pedimos a la Secretaría de Finanzas para comenzar a trabajar en ella”.
Adelantó que los auditores inspeccionarán todos los lugares del país en donde se han ejecutados obras con fondos departamentales otorgados por la Secretaría de Finanzas a funcionarios y diputados.
