Tegucigalpa, Honduras.
Como un balde de agua fría cayó sobre la comunidad hondureña la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 200,000 salvadoreños, ya que el 5 de julio próximo la administración de Donald Trump deberá resolver la situación de 57,000 connacionales amparados bajo ese mismo régimen migratorio.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Francisco Morazán en Miami, Florida, expresó que los hondureños han recibido la noticia con suma preocupación, ya que dentro de cinco meses el Departamento de Seguridad Nacional de EUA deberá resolver también su situación migratoria.
Portillo ilustró que la comunidad hondureña teme seguir el mismo camino de los ciudadanos de Haití, Nicaragua y El Salvador, a quienes la Casa Blanca suspendió el TPS y les concedió un plazo de año y medio para preparar su salida ordenada de Estados Unidos.
Aunque el Gobierno de Honduras guarda un moderado optimismo de que la situación y el tratamiento sea diferente al de los haitianos, nicaragüenses y salvadoreños, los dirigentes creen que no deben generarse falsas expectativas, en vista de que hay una clara decisión de eliminar esa figura migratoria.
“Estamos preocupados y en estado de shock, pero llamamos a nuestros compatriotas a la tranquilidad porque no los vamos a dejar solos, y vamos a continuar trabajando unidos todos los líderes de las organizaciones centroamericanas”, expresó.
El líder hondureño enfatizó en que la estrategia ahora deberá enfocarse en impulsar las iniciativas presentadas en el Congreso de Estados Unidos por los congresistas Carlos Curbelo y Nydia Velásquez, las cuales son respaldadas por un numeroso grupo interpartidario republicano y demócrata.
Ambas iniciativas fueron presentadas el 31 de octubre y el 6 de noviembre del año pasado con el fin de facilitar el cambio de estatus migratorio para los “ tepesianos” centroamericanos y haitianos.
Portillo indicó que esos dos proyectos son una vía factible para regularizar la situación de todos los “tepesianos”, pero advirtió que este es un año político en el que los congresistas buscarán reelegirse y no van arriesgar los votos de sus estados al votar por una ley que genera tanta controversia en la sociedad estadounidense.
Portillo informó que en los primeros días de febrero viajarán a Washington para hacer un cabildeo fuerte a nivel parlamentario, pero urgió el apoyo del Gobierno para ello.
Comentó que le han pedido al congresista Mario Díaz Balart que coordine una reunión con sus colegas Ileana Ross, Carlos Curbelo y varios líderes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití a fin de definir una estrategia a seguir.
Como un balde de agua fría cayó sobre la comunidad hondureña la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 200,000 salvadoreños, ya que el 5 de julio próximo la administración de Donald Trump deberá resolver la situación de 57,000 connacionales amparados bajo ese mismo régimen migratorio.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Francisco Morazán en Miami, Florida, expresó que los hondureños han recibido la noticia con suma preocupación, ya que dentro de cinco meses el Departamento de Seguridad Nacional de EUA deberá resolver también su situación migratoria.
Portillo ilustró que la comunidad hondureña teme seguir el mismo camino de los ciudadanos de Haití, Nicaragua y El Salvador, a quienes la Casa Blanca suspendió el TPS y les concedió un plazo de año y medio para preparar su salida ordenada de Estados Unidos.
Aunque el Gobierno de Honduras guarda un moderado optimismo de que la situación y el tratamiento sea diferente al de los haitianos, nicaragüenses y salvadoreños, los dirigentes creen que no deben generarse falsas expectativas, en vista de que hay una clara decisión de eliminar esa figura migratoria.
“Estamos preocupados y en estado de shock, pero llamamos a nuestros compatriotas a la tranquilidad porque no los vamos a dejar solos, y vamos a continuar trabajando unidos todos los líderes de las organizaciones centroamericanas”, expresó.
El líder hondureño enfatizó en que la estrategia ahora deberá enfocarse en impulsar las iniciativas presentadas en el Congreso de Estados Unidos por los congresistas Carlos Curbelo y Nydia Velásquez, las cuales son respaldadas por un numeroso grupo interpartidario republicano y demócrata.
Ambas iniciativas fueron presentadas el 31 de octubre y el 6 de noviembre del año pasado con el fin de facilitar el cambio de estatus migratorio para los “ tepesianos” centroamericanos y haitianos.
Portillo indicó que esos dos proyectos son una vía factible para regularizar la situación de todos los “tepesianos”, pero advirtió que este es un año político en el que los congresistas buscarán reelegirse y no van arriesgar los votos de sus estados al votar por una ley que genera tanta controversia en la sociedad estadounidense.
Portillo informó que en los primeros días de febrero viajarán a Washington para hacer un cabildeo fuerte a nivel parlamentario, pero urgió el apoyo del Gobierno para ello.
Comentó que le han pedido al congresista Mario Díaz Balart que coordine una reunión con sus colegas Ileana Ross, Carlos Curbelo y varios líderes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití a fin de definir una estrategia a seguir.
Lobby político
Por su parte, María Andrea Matamoros, subsecretaria de Relaciones Exteriores en Asuntos Migratorios, resaltó que la decisión que tomó Estados Unidos en noviembre con respecto a los hondureños y nicaragüenses amparados en el TPS y la adoptada ahora en enero con los salvadoreños dejó en evidencia que las decisiones que toma son diferentes para cada país.
Con base en lo anterior consideró que la decisión que se tome en julio con los hondureños estará basada en la condiciones de Honduras y no en la de los otros países.
“Estados Unidos ha demostrado que no toma decisiones en conjunto, sino que analiza cuidadosamente cada uno de los países y cuáles son sus condiciones para renovar o no el TPS”, ilustró,
La vicecanciller indicó que Honduras a través de su embajador en Washinton ha continuado haciendo lobby político para impulsar una renovación del TPS o la aprobación de estas dos iniciativas interpartidarias, y no descartó una nueva ofensiva diplomática del Gobierno en los próximos meses.
