Tegucigalpa, Honduras.
Las tres personas de la organización no gubernamental ( ONG) Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras ( ANPIBCH), al igual que los cinco diputados señalados por el Ministerio Público, se presentarán voluntariamente ante la justicia hondureña.
Se trata de José Napoleón Panchamé Banegas, director ejecutivo de la ONG y quien habría recibido 808,460 lempiras, Geovanny Castellanos Deras, quien habría recibido 142,500 lempiras, gestor de la ONG y Jeremías Castro Andrade, tesorero de la asociación y encargado de las cuentas de la ONG.
“Ellos se presentarán voluntariamente el mismo día 28 de diciembre”, reconfirmó el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.
A estas personas junto con los diputados Augusto Cruz Asensio, Eleázar Júarez, Dennys Sánchez, Héctor Padilla y Audelia Rodríguez se les acusa de haber recibido 8.3 millones de lempiras de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Se presume que estos recursos estaban destinados para ser invertidos en proyectos sociales; sin embargo, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción aseguró en su requerimiento fiscal que el dinero terminó en los bolsillos de los mencionados.
Las tres personas de la organización no gubernamental ( ONG) Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras ( ANPIBCH), al igual que los cinco diputados señalados por el Ministerio Público, se presentarán voluntariamente ante la justicia hondureña.
Se trata de José Napoleón Panchamé Banegas, director ejecutivo de la ONG y quien habría recibido 808,460 lempiras, Geovanny Castellanos Deras, quien habría recibido 142,500 lempiras, gestor de la ONG y Jeremías Castro Andrade, tesorero de la asociación y encargado de las cuentas de la ONG.
“Ellos se presentarán voluntariamente el mismo día 28 de diciembre”, reconfirmó el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.
A estas personas junto con los diputados Augusto Cruz Asensio, Eleázar Júarez, Dennys Sánchez, Héctor Padilla y Audelia Rodríguez se les acusa de haber recibido 8.3 millones de lempiras de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Se presume que estos recursos estaban destinados para ser invertidos en proyectos sociales; sin embargo, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción aseguró en su requerimiento fiscal que el dinero terminó en los bolsillos de los mencionados.
