Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la OEA, cuestionó ayer que la jueza, nombrada para llevar el caso de los cinco diputados señalados de malversación de caudales públicos, no ordenara las detenciones. Aseguran que el caso amerita prisión preventiva.
Fue directamente el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, quien lamentó que la magistrada Alma Guzmán decidiera aceptar la comparecencia voluntaria de los diputados “desechando (el) pedido de detención” solicitado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, “pese la gravedad de hechos”.
Por este hecho, en el que además está implicada una Organización no Gubernamental (ONG) y otras tres personas, la Corte Suprema de Justicia fijó “impedimento de salida del país” de los acusados, añadió Jiménez en su cuenta de Twitter. Se trata de los diputados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz, Dennis Sánchez y Eliasar Juárez, quienes comparecerán en audiencia inicial el próximo 28 de diciembre.
“Fuga de información y retardo en decisión permitieron a la defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumento de no fuga”, señaló Jiménez.
Enfatizó que la decisión de la magistrada hondureña “no atiende fundamento de obstrucción de justicia, que responde a calidad de personajes con poder”.
Los cinco diputados son acusados por el Ministerio Público y la Maccih -de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se instaló en Honduras en abril de 2016- de solicitar fondos al poder Ejecutivo, que eran entregados a la ONG, la cual los enviaba a los políticos acusados.
Los políticos recibieron al menos 15 cheques desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (AMPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas en diciembre de 2015, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público hondureño.
El portavoz de la Maccih expresó que el “retardo a solicitud de medidas urgentes para la detención (de los diputados) frente a hechos presuntamente delictivos afecta la justicia”.
Destacó que el caso ameritaba que la magistrada impusiera “ prisión preventiva” a los acusados por “gravedad de la pena, los hechos demostrados y posición de poder de los personajes para afectar actividad probatoria”. Los diputados de la red “se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional (Parlamento) para estos fines”, subraya la información conjunta del Ministerio Público y la Maccih.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la OEA, cuestionó ayer que la jueza, nombrada para llevar el caso de los cinco diputados señalados de malversación de caudales públicos, no ordenara las detenciones. Aseguran que el caso amerita prisión preventiva.
Fue directamente el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, quien lamentó que la magistrada Alma Guzmán decidiera aceptar la comparecencia voluntaria de los diputados “desechando (el) pedido de detención” solicitado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, “pese la gravedad de hechos”.
Por este hecho, en el que además está implicada una Organización no Gubernamental (ONG) y otras tres personas, la Corte Suprema de Justicia fijó “impedimento de salida del país” de los acusados, añadió Jiménez en su cuenta de Twitter. Se trata de los diputados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz, Dennis Sánchez y Eliasar Juárez, quienes comparecerán en audiencia inicial el próximo 28 de diciembre.
“Fuga de información y retardo en decisión permitieron a la defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumento de no fuga”, señaló Jiménez.
Enfatizó que la decisión de la magistrada hondureña “no atiende fundamento de obstrucción de justicia, que responde a calidad de personajes con poder”.
Los cinco diputados son acusados por el Ministerio Público y la Maccih -de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se instaló en Honduras en abril de 2016- de solicitar fondos al poder Ejecutivo, que eran entregados a la ONG, la cual los enviaba a los políticos acusados.
Los políticos recibieron al menos 15 cheques desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (AMPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas en diciembre de 2015, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público hondureño.
El portavoz de la Maccih expresó que el “retardo a solicitud de medidas urgentes para la detención (de los diputados) frente a hechos presuntamente delictivos afecta la justicia”.
Destacó que el caso ameritaba que la magistrada impusiera “ prisión preventiva” a los acusados por “gravedad de la pena, los hechos demostrados y posición de poder de los personajes para afectar actividad probatoria”. Los diputados de la red “se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional (Parlamento) para estos fines”, subraya la información conjunta del Ministerio Público y la Maccih.
Respuesta
Mediante un comunicado, el Poder Judicial salió al paso a los señalamientos de la Maccih al asegurar que han actuado con la celeridad debida y en coherencia con el detalle de acciones que el caso amerita, actuando de manera ordenada en respeto al debido proceso.
Manifiestan que en aras de salvaguardar la independencia judicial que debe regir en cada una de las acciones de jueces y magistrados condenar “cualquier tipo de presión proveniente de personas, instituciones o grupos nacionales o internacionales, y rechaza todo tipo de señalamientos o amenazas dirigidas a vulnerar dicha independencia”.
Aseguran que son garantes del debido proceso y de la aplicación de la norma jurídica vigente.
