San Pedro Sula, Honduras.
De los 511 privados de libertad que se encontraban en el penal de San Pedro Sula y que trasladaron a las otras cárceles del país, 450 son usuarios de la defensa pública, es decir el 90%.
Jorge Gutiérrez Flefil, coordinador regional de la Defensa Pública, señaló que los profesionales del derecho que laboran en esa dependencia del Poder Judicial tienen que viajar hasta los centros penales para atender a los internos, por lo que los costos administrativos se incrementarán en 45%.
“Se nos va a dificultar la visita porque necesitamos mantenerlos informados de su situación jurídica, necesitamos visitarlos para ofrecerles alguna medida alterna y hay algunos que ya les toca la libertad condicional y es necesario que ellos sepan o pueden conmutar una pena”, explicó Gutiérrez Flefil.
Agregó que hay privados de libertad que ya van a juicio oral y los defensores públicos deben visitarlos previamente para informales la fechas y que proporcionen los domicilios de los testigos que van a declarar en el debate que ya están puestos a la orden del tribunal de sentencia.
El profesional del derecho agregó que el traslado también dificulta que las notificaciones que se envían a los centros penales para la presentación de un interno en los juzgados de San Pedro Sula no lleguen a tiempo, lo que significa que serán suspendidos.
“Se están buscando las alternativas, ya sea que trasladen a los internos a un centro penal que esté cerca de San Pedro Sula para que no se pierda la audiencia o el debate”, explicó.
A criterio del ciudadano Milton José López, residente del barrio Medina, el traslado de los reclusos les dará tranquilidad a los pobladores.
De los 511 privados de libertad que se encontraban en el penal de San Pedro Sula y que trasladaron a las otras cárceles del país, 450 son usuarios de la defensa pública, es decir el 90%.
Jorge Gutiérrez Flefil, coordinador regional de la Defensa Pública, señaló que los profesionales del derecho que laboran en esa dependencia del Poder Judicial tienen que viajar hasta los centros penales para atender a los internos, por lo que los costos administrativos se incrementarán en 45%.
“Se nos va a dificultar la visita porque necesitamos mantenerlos informados de su situación jurídica, necesitamos visitarlos para ofrecerles alguna medida alterna y hay algunos que ya les toca la libertad condicional y es necesario que ellos sepan o pueden conmutar una pena”, explicó Gutiérrez Flefil.
Agregó que hay privados de libertad que ya van a juicio oral y los defensores públicos deben visitarlos previamente para informales la fechas y que proporcionen los domicilios de los testigos que van a declarar en el debate que ya están puestos a la orden del tribunal de sentencia.
El profesional del derecho agregó que el traslado también dificulta que las notificaciones que se envían a los centros penales para la presentación de un interno en los juzgados de San Pedro Sula no lleguen a tiempo, lo que significa que serán suspendidos.
“Se están buscando las alternativas, ya sea que trasladen a los internos a un centro penal que esté cerca de San Pedro Sula para que no se pierda la audiencia o el debate”, explicó.
A criterio del ciudadano Milton José López, residente del barrio Medina, el traslado de los reclusos les dará tranquilidad a los pobladores.
