Tegucigalpa, Honduras.
El millonario latrocinio del Instituto de Previsión del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) fue de tal magnitud que hubo decenas de personas que cobraron hasta dos millones de lempiras en beneficios a los que no tenían derecho, esto en contubernio con el exgerente y exdirectivos de esa organización gremial.
Así consta en la auditoría forense y en documentos y actas de junta directiva que entregaron al Ministerio Público como parte de las investigaciones que se llevan a cabo a las últimas administraciones que dirigieron el CAH, y a quienes se les responsabiliza por el saqueo de al menos 491 millones de lempiras.
Millonarios préstamos personales e hipotecarios sin la debida documentación de respaldo, proyectos residenciales y adquisición de propiedades sobrevaloradas en Marcala, El Progreso y Ojo de Agua, borrones electrónicos de deudas y el cobro irregular de beneficios de pensiones, pólizas y servicios médicos son, entre otras, las anomalías detectadas en esa entidad.
El tema ha cobrado vigencia luego de que la actual junta directiva del Instituto de Previsión del CAH, que preside José María Díaz, solicitó al Ministerio Público agilizar las investigaciones y librar los primeros requerimientos fiscales contra los principales implicados en este bochornoso acto de corrupción.
Las indagaciones apuntan a los expresidentes Oscar García y Olvin Mejía, quienes estuvieron al frente del CAH entre 2008 y 2012, así como a los gerentes, contadores y exdirectivos que avalaron muchas de las decisiones ilegales que se tomaron durante esos dos períodos.
Sin embargo, información proporcionada a LA PRENSA establece que las irregularidades y el despilfarro de los fondos del CAH se remontan a la gestión de la excontralora general de la república Vera Sofía Rubí, en la cual comenzaron a otorgarse préstamos sin la debida documentación de soporte.
Por ejemplo, en este período se investiga la supuesta autorización de un empréstito por 5 millones de lempiras a una reconocida empresa comercial de la capital y cuyo monto se desconoce si fue cancelado.
La auditoría forense que efectuó la firma Delgado y Maradiaga arrojó inconsistencias por el orden de 491 millones de lempiras, pero nuevos documentos proporcionados al Ministerio Público apuntan a un desfalco por 508 millones de lempiras.
Una fuente del CAH, que pidió la reserva de su identidad, informó que entre algunos de los hallazgos figura el caso de un préstamo de dos millones de lempiras proporcionado a una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, cuyo saldo inexplicablemente fue borrado de las cuentas del banco que maneja las cuentas del Instituto de Previsión.
A febrero de 2014, la entonces magistrada tenía una deuda con el CAH de 1,413,821.14 lempiras, pero en marzo la cuenta apareció en cero, sin que se pudiese explicar si el monto se pagó de una sola vez o fue parte de los “borrones electrónicos”. El banco no ha rendido un informe aún.
Hubo otros casos en los que se otorgaron millonarios préstamos con una simple llamada telefónica al banco y sin que los prestatarios contaran con la debida capacidad de pago.
El millonario latrocinio del Instituto de Previsión del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) fue de tal magnitud que hubo decenas de personas que cobraron hasta dos millones de lempiras en beneficios a los que no tenían derecho, esto en contubernio con el exgerente y exdirectivos de esa organización gremial.
Así consta en la auditoría forense y en documentos y actas de junta directiva que entregaron al Ministerio Público como parte de las investigaciones que se llevan a cabo a las últimas administraciones que dirigieron el CAH, y a quienes se les responsabiliza por el saqueo de al menos 491 millones de lempiras.
Millonarios préstamos personales e hipotecarios sin la debida documentación de respaldo, proyectos residenciales y adquisición de propiedades sobrevaloradas en Marcala, El Progreso y Ojo de Agua, borrones electrónicos de deudas y el cobro irregular de beneficios de pensiones, pólizas y servicios médicos son, entre otras, las anomalías detectadas en esa entidad.
El tema ha cobrado vigencia luego de que la actual junta directiva del Instituto de Previsión del CAH, que preside José María Díaz, solicitó al Ministerio Público agilizar las investigaciones y librar los primeros requerimientos fiscales contra los principales implicados en este bochornoso acto de corrupción.
Las indagaciones apuntan a los expresidentes Oscar García y Olvin Mejía, quienes estuvieron al frente del CAH entre 2008 y 2012, así como a los gerentes, contadores y exdirectivos que avalaron muchas de las decisiones ilegales que se tomaron durante esos dos períodos.
Sin embargo, información proporcionada a LA PRENSA establece que las irregularidades y el despilfarro de los fondos del CAH se remontan a la gestión de la excontralora general de la república Vera Sofía Rubí, en la cual comenzaron a otorgarse préstamos sin la debida documentación de soporte.
Por ejemplo, en este período se investiga la supuesta autorización de un empréstito por 5 millones de lempiras a una reconocida empresa comercial de la capital y cuyo monto se desconoce si fue cancelado.
La auditoría forense que efectuó la firma Delgado y Maradiaga arrojó inconsistencias por el orden de 491 millones de lempiras, pero nuevos documentos proporcionados al Ministerio Público apuntan a un desfalco por 508 millones de lempiras.
Una fuente del CAH, que pidió la reserva de su identidad, informó que entre algunos de los hallazgos figura el caso de un préstamo de dos millones de lempiras proporcionado a una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, cuyo saldo inexplicablemente fue borrado de las cuentas del banco que maneja las cuentas del Instituto de Previsión.
A febrero de 2014, la entonces magistrada tenía una deuda con el CAH de 1,413,821.14 lempiras, pero en marzo la cuenta apareció en cero, sin que se pudiese explicar si el monto se pagó de una sola vez o fue parte de los “borrones electrónicos”. El banco no ha rendido un informe aún.
Hubo otros casos en los que se otorgaron millonarios préstamos con una simple llamada telefónica al banco y sin que los prestatarios contaran con la debida capacidad de pago.
