Tegucigalpa, Honduras.
El 10 de julio de este año, LA PRENSA reveló que al menos 40 asesores legales de la Secretaría de Seguridad serían cancelados después que una investigación realizada por la Comisión Especial de Depuración detectara la participación de los abogados en el tráfico y “borrón” de expedientes, así como en el cobro ilegal por arreglo de juicios.
Transcurrieron solo tres semanas desde la publicación de la nota para que ayer la Comisión Especial de Depuración, en su comunicado número 49, informara que se procedió a cancelar por reestructuración a 73 miembros de la Carrera Policial, de los cuales 34 son miembros policiales y 39, personal auxiliar del área legal.
En ese paquete de cancelados figura Reyna Elizabeth Ayala Reyes (de 44 años), esposa del oficial de la Policía en condición de retiro Jorge Alberto Barralaga Hernández.
“Reyna Elizabeth Ayala Reyes presta sus servicios en la función de asesorar los procedimientos administrativos y legales de los funcionarios policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención (Umep) número uno, con sede en el barrio Los Dolores, de Tegucigalpa.
Y en función de estos últimos acontecimientos, la Comisión Especial, mediante resolución contenida en el Acta Especial número 4, de fecha 31 de julio de 2017, insta al secretario de Estado en el despacho de Seguridad, a que suspenda del ejercicio de su cargo a la abogada, conforme a lo que en ley corresponde”, refiere el escrito que publicó la Comisión.
Investigaciones
La calificación de idoneidad de los abogados que asesoraban la Policía quedó en duda cuando se desnudó que estos promovían la red de corrupción desde sus cargos al traficar autorizaciones, permisos no justificados, “borrones”, alteraciones de informes y dictámenes, así como extensión de licencias de forma irregular.
Tras esos análisis fue que la Comisión efectuó una exhaustiva evaluación que llevó a la cancelación del personal policial y auxiliar que incluye a los asesores legales. “Se recibió el listado de personal policial y auxiliar, entre los que figuran asesores legales, los cuales por reestructuración serán cancelados. Se seguirá el procedimiento conforme a ley. Estamos transformando la institución para dejar elementos comprometidos con la sociedad”, dijo Julián Pacheco, ministro de Seguridad.
Otros separados
En el comunicado que ayer publicó la Comisión, también hace la recomendación de la cancelación de los acuerdos de 455 miembros de la Policía y personal auxiliar.
Dentro de ellos solicitan la suspensión de 101 miembros que tienen procesos penales pendientes. Además, por despido a 32 miembros, 30 de ellos policías y dos como personal auxiliar; 73 por abandono del cargo y 39 policías que tienen sentencia condenatoria firme.
“El proceso de depuración policial no se detiene, es una acción irrefrenable que ha generado la cancelación de 4,374 policías y personal auxiliar. Es una acción que debe ser complementada por la persecución penal de los que hayan cometido delitos, y es donde el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) son piezas claves. No habrá depuración policial integral sin que exista juzgamiento y castigo ejemplar a los malos policías que transgredieron la ley y se convirtieron en aliados de las bandas del crimen organizado”, dijo Omar Rivera, de la Comisión Especial de Depuración.
El 10 de julio de este año, LA PRENSA reveló que al menos 40 asesores legales de la Secretaría de Seguridad serían cancelados después que una investigación realizada por la Comisión Especial de Depuración detectara la participación de los abogados en el tráfico y “borrón” de expedientes, así como en el cobro ilegal por arreglo de juicios.
Transcurrieron solo tres semanas desde la publicación de la nota para que ayer la Comisión Especial de Depuración, en su comunicado número 49, informara que se procedió a cancelar por reestructuración a 73 miembros de la Carrera Policial, de los cuales 34 son miembros policiales y 39, personal auxiliar del área legal.
En ese paquete de cancelados figura Reyna Elizabeth Ayala Reyes (de 44 años), esposa del oficial de la Policía en condición de retiro Jorge Alberto Barralaga Hernández.
“Reyna Elizabeth Ayala Reyes presta sus servicios en la función de asesorar los procedimientos administrativos y legales de los funcionarios policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención (Umep) número uno, con sede en el barrio Los Dolores, de Tegucigalpa.
Y en función de estos últimos acontecimientos, la Comisión Especial, mediante resolución contenida en el Acta Especial número 4, de fecha 31 de julio de 2017, insta al secretario de Estado en el despacho de Seguridad, a que suspenda del ejercicio de su cargo a la abogada, conforme a lo que en ley corresponde”, refiere el escrito que publicó la Comisión.
 LA PRENSA publicó el “remezón” que se avecinaba.
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La calificación de idoneidad de los abogados que asesoraban la Policía quedó en duda cuando se desnudó que estos promovían la red de corrupción desde sus cargos al traficar autorizaciones, permisos no justificados, “borrones”, alteraciones de informes y dictámenes, así como extensión de licencias de forma irregular.
Tras esos análisis fue que la Comisión efectuó una exhaustiva evaluación que llevó a la cancelación del personal policial y auxiliar que incluye a los asesores legales. “Se recibió el listado de personal policial y auxiliar, entre los que figuran asesores legales, los cuales por reestructuración serán cancelados. Se seguirá el procedimiento conforme a ley. Estamos transformando la institución para dejar elementos comprometidos con la sociedad”, dijo Julián Pacheco, ministro de Seguridad.
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Miembros
De la Policía fueron cancelados por incapacidad total y permanente, reveló la Comisión Depuradora, por lo que instaron agilizar la pensión de estos.
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En el comunicado que ayer publicó la Comisión, también hace la recomendación de la cancelación de los acuerdos de 455 miembros de la Policía y personal auxiliar.
Dentro de ellos solicitan la suspensión de 101 miembros que tienen procesos penales pendientes. Además, por despido a 32 miembros, 30 de ellos policías y dos como personal auxiliar; 73 por abandono del cargo y 39 policías que tienen sentencia condenatoria firme.
“El proceso de depuración policial no se detiene, es una acción irrefrenable que ha generado la cancelación de 4,374 policías y personal auxiliar. Es una acción que debe ser complementada por la persecución penal de los que hayan cometido delitos, y es donde el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) son piezas claves. No habrá depuración policial integral sin que exista juzgamiento y castigo ejemplar a los malos policías que transgredieron la ley y se convirtieron en aliados de las bandas del crimen organizado”, dijo Omar Rivera, de la Comisión Especial de Depuración.
