Ginebra, Suiza
Honduras presentó ayer ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los avances en materia de seguridad, derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Lo anterior como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que participan 167 países del mundo, incluyendo Honduras.
En este pacto, las naciones se comprometieron a garantizar la libre determinación de los pueblos, estableciendo libremente su condición política y contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural.
En este sentido, el país presentó un informe donde destacó la significativa reducción en la tasa de homicidios, las causas de la violencia y cuáles son los sectores más vulnerables dentro de la población.
“Honduras ha logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios, que hoy es de 53.5 por cada 100 mil habitantes; no estamos satisfechos, sabemos que aún tenemos retos”, manifestó Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia en su comparecencia como representante de la nación.
Asimismo, recordó que la ubicación geográfica del país favoreció la instalación de carteles de droga.
También las deportaciones masivas de hondureños desde Estados Unidos incidieron en el desarrollo de organizaciones dedicadas a la criminalidad como las maras. “Reconocemos que la discriminación y su violencia afecta especialmente a las mujeres en zonas rurales, mujeres afrodescendientes y la discriminación multisectorial”, indicó Argueta, refiriéndose a los sectores más vulnerables. El informe también detalla los avances que ha tenido el país en materia de corrupción, destacando la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (asumirá los casos que sean seleccionados por la OEA-Maccih). Asimismo, la aprobación de la ley de política limpia, la creación de los juzgados en materia de corrupción y la elección de los jueces.
Revisión. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al aprobarse los acuerdos planteados a todos los Estados estos se ven en la obligación de cumplirlos.
Los representantes de las Naciones Unidas (18 expertos en derechos humanos) realizan las observaciones a los representantes de cada país. Las otras naciones parte también pueden hacer observaciones si algún país no cumple el pacto firmado en 1966 y vigente desde 1976.
