Tegucigalpa, Honduras
En aproximadamente tres meses los hondureños conocerán los alcances de la nueva Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos, recién creada.
El próximo 26 de agosto inicia la campaña electoral de cara a las elecciones generales que se realizarán el 26 de noviembre, y tal como lo estipula la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, el evento inicia 90 días antes.
Los tres comisionados ya juramentados, Javier Franco, German Espinal y Kelvin Aguirre, comenzarán a fiscalizar el origen de los fondos de la campañas de los políticos que participarán en la próxima contienda electoral y que militan en 10 partidos.
“Lo he venido reiterando, no estamos comprometidos con ningún partido político. Estoy con la expectativa de hacer las cosas bien como manda la Ley”, manifestó escuetamente el comisionado Franco.
Según la nueva Ley de Financiamiento de los políticos y campañas electorales, esta Unidad es considerada un organismo electoral después del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de los tribunales electorales departamentales y municipales. Solo las mesas electorales receptoras están debajo de la Unidad.
Los otros dos comisionados también han reiterado que no tienen ningún compromiso con los partidos políticos, sin embargo a los tres nuevos funcionarios se les ha vinculado con los institutos políticos de mayor membresía.
Las responsabilidades
La Ley estipula que la Unidad es responsable de verificar el origen de los fondos de las campañas políticas, pero también tienen una serie de atribuciones que comenzarán a cumplir con un presupuesto asignado de 43 millones de lempiras.
“La Unidad es responsable de la máxima publicidad del uso de sus recursos financieros; la vigilancia y control de los ingresos y egresos; de su puntual rendición de cuentas; de la fiscalización de los recursos del financiamiento público y privado; de las acciones para la detección del monto, destino, aportaciones en especie de procedencia incierta y de la aplicación del régimen de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley”, señala la nueva normativa.
