San Pedro Sula, Honduras.
Los activistas de derechos humanos, cuyo espectro se extiende desde los defensores de la tierra hasta líderes de la comunidad lésbico-gay, son los que más protección le han solicitado al Estado de Honduras en los últimos dos años.
Son 56 defensores de derechos humanos los que gozan de, por lo menos, alguna medida de seguridad gestionada por el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Para frenar la escalada de asesinatos contra este grupo vulnerable, el 14 de mayo de 2015, el Congreso Nacional aprobó una ley especial y ordenó la creación de este sistema que ahora es el escudo para hondureños que viven con una amenaza de muerte.
Desde entonces hasta mayo de 2017, esa entidad ha gestionado la protección de 56 defensores de derechos humanos, 16 periodistas, 9 operadores de justicia y 4 comunicadores sociales. En suma, 85 hondureños están bajo la protección del Estado.
Nora Urbina, directora general del Sistema de Protección desde noviembre de 2016, le informó a Diario LA PRENSA que ese mecanismo de protección ha registrado unas 100 peticiones; sin embargo, ha descartado más de una decena porque no reúnen los requisitos establecidos en la normativa.
Esa ley, en el artículo 43, plantea que son objeto de las medidas de protección quienes demuestren la existencia de “un nexo causal entre la situación de riesgo y su actividad de defensoría de derechos humanos o laboral en caso de los periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia y que haya indicios sobre la situación de riesgo”.
El sistema le ha rechazado al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), por ejemplo, 85 solicitudes por no reunir los requisitos.
“No solo por ser periodista, juez, fiscal, defensor de derechos humanos en situación de riesgo significa que entrará el caso al mecanismo (...). Debe haber un nexo causal entre la situación de peligro que vive la persona y la labor que realiza”, dijo Urbina.
La directora aclaró que si “un periodista tiene una amenaza por problemas pasionales, por problemas de deuda, o un defensor tiene una amenaza por motivos de enemistad con un vecino (...) no se convierte en candidato de protección”.
Sin embargo, esa entidad remite el caso al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y Policía Nacional para que le garanticen protección bajo otras circunstancias.
| El Sistema Nacional de Protección les otorga a las personas tecnología en vigilancia de sus viviendas, chalecos antibalas (cuando los solicitan) y en casos extremos carros blindados. Hasta ahora no les ha proveído este recurso a activistas de derechos humanos.
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La seguridad otorgada por el Sistema consiste en una serie de opciones, entre ellas, cambio de domicilio, uso de cámaras de vigilancia, asignación de policías para custodia personal, instalación de portones metálicos en las viviendas.
“El chaleco antibalas es una medida que da el mecanismo a gente que lo pide”, aclaró Urbina. “Se han dado chalecos, pero muy pocos”.
Debilidades.
Organizaciones que agremian a los profesionales privilegiados con la ley reconocen que el Sistema ha respondido a las necesidades; no obstante, presenta algunas debilidades.
“Hace dos años no teníamos este sistema. Está teniendo buena incidencia, pero presenta un sinnúmero de fallas. Creo que falta mucho por hacer”, dijo Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Rodríguez argumentó que él se acogió a este sistema, pero, en la práctica, no cuenta con ninguna medida de protección. Dentro del Presupuesto General de la República, para 2017, el Sistema Nacional de Protección recibió una asignación de unos 25 millones de lempiras, una cantidad muy baja para atender las necesidades.
| Sépalo
Entre 2014 y 2016 asesinaron a 136 abogados, algunos de ellos empleados judiciales. |
El CPH le solicitó el año anterior al Congreso Nacional aprobarle un presupuesto anual de unos 50 millones de lempiras. Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa de Honduras (APH), coincide con Rodríguez. Cree que “el Sistema está jugando su rol protagónico, pero falta mucho que hacer. Una de las limitaciones tiene que ver con el presupuesto”.
Para José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, “el Sistema es de reciente creación. Está funcionado, pero su formalismo limita a que todas las personas amenazadas reciban la protección”.
“Honduras, después de Colombia y México, es el tercer país que lo tiene en América Latina. Esto indica que hemos tocado fondo”, dijo.
El Colegio de Abogados, según Díaz, está desarrollando sus propios mecanismos para ofrecerles protección a sus agremiados y capacita a sus miembros sobre esa ley.
